Lenguas, derechos y obligaciones

Hace muchos años, circulaba por Bélgica en mi viejo VW ‘escarabajo’ y me encontré con un letrero que indicaba dirección «Mons Bergen». Pensaba que en algún momento habría una bifurcación. No sabía que ‘Mons’ era el nombre de la ciudad en francés y ‘Bergen’ en flamenco. Cosas del bilingüismo.
En nuestras Islas tenemos un claro régimen de bilingüismo. De acuerdo con el artículo 3.1 y 3.2 de la Constitución y con el artículo 4.1 y 4.2 de nuestro estatuto de autonomía, tenemos dos lenguas oficiales (castellano y catalán) pero sólo existe el deber de conocer el castellano y el derecho de usar el catalán. Es obvio que este bilingüismo asimétrico puede originar muchos problemas de interpretación porque «nadie podrá ser discriminado por razón del idioma» (artículo 4.2 del estatuto).
Por tanto, no caben chulerías del tipo «hábleme en cristiano» ni tampoco exigencias de ser atendido solo en catalán, porque es obligatorio conocer el castellano. El conflicto que pueda surgir del enfrentamiento entre el deber y el derecho no puede resolverse con una norma que ignore el deber
Guste o no guste éste es el régimen legal y no queda más remedio que obedecerlo o conseguir una mayoría política alternativa para cambiarlo. Sería fantástico que todo el mundo fuese bilingüe pero no es así. Ninguna norma legal emanada de un gobierno autónomo puede discriminar en función de la lengua porque está expresamente prohibido por la Constitución y por el estatuto de autonomía.
El bilingüismo oficial es muy caro porque obliga al doble uso de las lenguas en todos los aspectos de la función pública pero es el régimen querido por el legislador. El uso corriente de la lengua nunca fue un problema en nuestras islas salvo cuando se politizó. Por una parte, durante la dictadura cuando no hubo uso oficial de la lengua catalana. Y ahora cuando se quiere unir el uso de la lengua a un nacionalismo imposible y sin base mayoritaria en el Archipiélago. La lengua es independiente de cualquier concepto de nación, aunque ésta pretenda imponerla como señal de identidad.
Desatender los servicios públicos o despreciar a buenos profesionales porque se exija el catalán no solo me parece ilegal sino una tontería. ¿De verdad preferimos profesionales mediocres que hablen catalán a buenos profesionales que hablen solo castellano? ¿Lo más importante es que el cirujano o el médico de Atención Primaria nos opere o nos atienda en catalán? Más catalán, sí, pero no por imposición. Apliquemos el sentido común. No deberíamos llegar al absurdo de rotular «Sant Llorenç des Cardassar – San Lorenzo del Cardenchal» pero tampoco a exigir al médico ¿argentino? del PAC que nos atienda en catalán. No vaya a ser que se colapse el sistema.