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Finalizado el primer trimestre, llega el momento de la rendición de cuentas en los centros escolares. Las familias y los alumnos esperan resultados. Una nueva ley, que bien seguro no será la última, está de estreno. El «qué» y el «cómo» evaluar están en juego y también en entredicho. La nueva nomenclatura educativa irrumpe con fuerza en las aulas, con tanta fuerza que está devastando el conocimiento. La Administración se apresura a organizar cursos de formación para el profesorado sin tener formadores formados y en Educación todo ya es una paradoja y una pantomima.

Para mejorar el aprendizaje competencial, la gestión del aula y la evaluación del aprendizaje, ¿era necesario una nueva ley? ¿Era necesario tal magnitud de cambio?

Tras 25 años dedicada a la docencia puedo afirmar que, al igual que la anterior, esta ley no conlleva implícita ni explícitamente la mejora del aprendizaje, que los resultados obtenidos por los alumnos no acreditan ni el conocimiento ni la competencia, que la excelencia académica se está devaluando y que los aprobados en la ESO se regalan. La proliferación de ninis y la fuga del talento son constatables, se está devaluando el valor de la dignidad y el mérito por conseguir logros y el desarrollo de la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico se están anulando. ¿Dónde están los filósofos y los críticos sociales del siglo XXI? En cuanto desaparezcan los pensadores del siglo XX, viviremos en una tabla rasa de pensamiento social. Quizás sea lo que interesa…

Y es que en el sector docente, desde hace ya algunos años, nos tienen muy entretenidos con tanto cambio dejándonos sin tiempo ni ganas para pensar, limitándonos a ser meros aplicadores de una ley tras otra, a cuál peor, que no consiguen remontar el fracaso escolar, porque cada ley a su manera, está nublando la cultura del esfuerzo, la exigencia y la superación y los docentes, año tras año, caemos en la trampa de colaborar en el proceso.

Soy jefa de estudios desde hace cuatro años, acepté el puesto con el objetivo de promover cambios reales de mejora, pero para lograrlo, he de confesar que además de trabajar codo a codo con el alumno, sería necesario trabajar al margen de la ley que tanto rechazo está generando en el sector educativo

Al final, en los cursos de formación en esos que no enseñan nada porque el formador no está formado, los docentes estamos aprendiendo a sobrevivir en este paripé pedagógico que conlleva ejercer la profesión «en secreto» diciendo sí sí sí a todas las exigencias burocráticas inútiles para obviarlas después en el aula.

Son pocas las personas que se atreven a discrepar en voz alta sobre la nueva ley por si acaso salir de la tabla rasa de pensamiento, supone evidenciar la mediocridad, cuando no hay nada más cerca de la realidad que eso porque, la nueva ley es la propia mediocridad que desvía al alumno de todo lo que significa esfuerzo, constancia, dedicación, perseverancia y conocimiento y entretiene al profesor imponiéndole cambios, muchas veces improvisados y sin medios para implementarlos, que no permiten consolidar procesos ni procedimientos.

La idea de la nueva ley se resume en la adquisición de la competencia, el conocimiento que ahora se llama «saber básico», queda relegado al último plano del proceso de enseñanza y aprendizaje cuando está comprobado que no hay competencia sin conocimiento previo. Sabemos que el conocimiento y la competencia son complementarios pero hay que entender que no tener conocimiento impide ser competente. La ley, sin a priori pretenderlo, está sentenciando el saber.

Después del periodo de confinamiento, la base del aprendizaje en los niños y adolescentes se ha deteriorado. La falta de motricidad en el encierro, ha provocado una merma en el desarrollo neuronal que junto a la necesidad de remonte socio-emocional generado en la pandemia y sumada a una ley educativa mediocre, condena a la cantera social a ser dependiente del gobierno en unos años. Una situación que agrandará, en la ESO, la brecha entre la enseñanza pública y la privada, consolidándose esta última como la cuna de la cantera universitaria porque, aunque el saber no ocupa lugar, en algún lugar tendrá que estar.

Al final, la nueva ley es una equivocación educativa que está cambiando la tendencia de voto en el sector.