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Mucho se ha hablado y escrito en las últimas semanas de la histórica victoria por mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía. Después de casi cuarenta años de gobiernos del PSOE, los andaluces han querido revalidar con claridad su primer gobierno del Partido Popular, en una clara muestra de que el cambio ha funcionado en Andalucía. Y si algo ha caracterizado los tres años y medio de gobierno de Moreno al frente de la Junta ha sido una política de rebaja de impuestos como la que venimos proponiendo con Marga Prohens desde el Partido Popular de les Illes Balears.

Desde que Moreno empezó a gobernar en enero de 2019, se han acometido tres contundentes rebajas de impuestos en Andalucía, que le han permitido transitar desde ser una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de España a situarse entre las cinco regiones de régimen común con los tributos más bajos.

Las reducciones en Andalucía han afectado a todos los tributos cedidos sobre los que las comunidades autónomas tienen competencias normativas. Se ha reducido la tarifa del IRPF hasta situarla por debajo de la media –también por debajo de Balears–, se han ampliado las deducciones y sus beneficiarios; se ha rebajado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual para menores de 35 años y se ha puesto fin al Impuesto sobre Sucesiones para las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges.

Esta política de reducción impositiva, junto a profundas reformas estructurales entre las que destacan las de simplificación administrativa, han derivado en un incremento importante de la actividad económica, con más de 280.000 contribuyentes adicionales a la hacienda andaluza y 925 millones de euros de incremento de recaudación. Es decir, las rebajas fiscales no sólo no han mermado los ingresos, sino que han conllevado un aumento importante de la recaudación.

La política fiscal de Juanma Moreno evidencia que es posible bajar impuestos, aumentar la recaudación, impulsar la actividad económica y, por supuesto, mantener e incluso mejorar servicios públicos esenciales como sanidad, educación o servicios sociales. Como ejemplo, en tres años, Andalucía ha incorporado 30.000 profesionales sanitarios, pasando de 95.000 a 125.000.

Por ello, desde el Partido Popular llevábamos este martes al Parlament de les Illes Balears una profunda reforma fiscal a la baja, que implicaría que los ciudadanos de Balears dejen de pagar 200 millones de euros, con reducción de la tarifa del IRPF en 0,5 puntos para rentas inferiores a 30.000 euros, creación de nuevas deducciones por nacimiento, arrendadores de vivienda o cuidados para personas mayores, eliminación del Impuesto de Trasmisiones para la compra de primera vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años o la eliminación total del Impuesto de Sucesiones entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges y la reducción en un 50 % para las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos. Armengol no sólo no quiso apoyarla, sino que ni tan siquiera permitió debatirla, en un gesto de su nerviosismo.

Moreno ha demostrado a los andaluces que otra política fiscal no sólo es posible, sino que es deseable, acertada y beneficiosa para todos los ciudadanos. El compromiso de Marga Prohens es bajar los impuestos en los seis primeros meses de legislatura si gobierna en 2023. Queremos la política fiscal de Andalucía, para Balears.