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De entre las expresiones arcaicas que conserva nuestro Código Civil, sobresale la referida al concepto de ‘buen padre de familia’, que se utiliza habitualmente como parámetro universal de la diligencia en el cuidado de personas o cosas. Y aunque la realidad social y política haya cambiado mucho desde 1889, y no digamos ya desde que el Derecho Romano acuñó la idea, lo cierto es que jurídicamente sigue siendo igualmente válido, porque todos tenemos en nuestra cabeza una noción de lo que significa, aun cuando se refiera a padres, madres, tutores, curadores o guardadores. En gran parte, porque, aunque muchos ciudadanos no tengan la fortuna de ser padres, al menos sí somos todos hijos de alguien, para bien o para mal.

Así que el problema de los menores tutelados por el IMAS que han sido víctimas del sórdido mundo de la prostitución juvenil se reduce a eso, a algo tan simple como juzgar si la entidad pública actuó en todo momento con la diligencia de un buen padre de familia. A mí, y a muchas personas de cualesquiera ideologías, nos parece evidente que no. Porque la diligencia exigible a la Administración es en este caso incluso mayor, pues no podemos olvidar que el Consell tiene que compensar con ella la desafección, la falta de cariño, la ausencia de habilidades parentales, el abandono, o el maltrato de que fueron víctimas esos menores por parte de sus padres biológicos, a quienes precisamente se privó por ello de una condición tan inherente a la paternidad como es la patria potestad.

De manera que no es tolerable, desde ningún punto de vista, que la institución que tiene que velar redobladamente para que, en su desarrollo, estos chicos y chicas no acusen excesivamente las carencias de una paternidad tóxica se convierta a su vez en un ejemplo del mal padre de familia que consiente que su hijo eche a perder su vida. Para llegar a este punto, probablemente no hacía falta que el IMAS asumiera su tutela. Las excusas de los políticos al cargo son tan sumamente rastreras e inconsistentes que provocan vergüenza ajena. Por salvar un miserable cargo, por un cochino nivel 33, están dispuestos a mentir y sostener que hicieron todo aquello que estaba en sus manos para que esta tragedia no se diera, cuando ellos han dispuesto de una preparación, un presupuesto y unos medios personales y materiales que sufragamos todos y de los que las desgraciadas familias biológicas de estos chicos obviamente carecían. Y no por reconocer que se trata de jóvenes difíciles, que soportan una mochila de problemas de toda índole y cuyo entorno muchas veces no solo no ayuda, sino que probablemente haya contribuido a que sean víctimas de la corrupción de menores, no por eso, repito, el Consell de Mallorca y el IMAS pueden salir indemnes de este auténtico escándalo, el más grave en la historia de nuestra comunidad autónoma.

Ningún caso de corrupción, ningún otro asunto a lo largo de ya casi cuarenta años de autogobierno ha provocado unos daños tan lacerantes para nuestra sociedad como la convicción de no haber hecho todo lo posible para proteger a estos jóvenes. Podemos asumir moralmente que un político se corrompa y que incluso robe a manos llenas, si paga el castigo que le impone la ley. Pero nunca perdonaremos a un mal padre de familia.