Los partidos del Pacte han alcanzado un acuerdo para sustituir al anterior director de la Oficina de Anticorrupció, Jaume Far. El elegido es Tòfol Milán, economista y auditor de cuentas. En su currículum aparece que fue director general de Presupuestos del Govern entre 1999 y 2003, en el primer gabinete de Antich, y entre 2006 y 2007 fue asesor de presupuestos e infraestructuras de la Guardia Civil cuando el director general era Joan Mesquida. Tòfol Milán tiene un largo y brillante expediente profesional, siempre en la administración y siempre también en la órbita del PSOE. Se desconoce si es militante socialista, pero evidentemente alguna relación debe tener con la cúpula del PSOE cuando se ha contado con Milán para distintos puestos de responsabilidad durante las dos últimas cuentas.
Nadie discute la profesionalidad de Milán, por supuesto, pero la cuestión es si alguien tan vinculado al PSOE podrá resolver expedientes vinculados a personas de este partido político como el asunto de los altos cargos que se vacunaron saltándose el orden establecido, y pasando por delante de personas mayores de residencias.

Nadie sabe lo que ha investigado Anticorrupció desde que se creó la pasada legislatura, pero sí se conoce lo que cuesta y la cantidad de personas que trabajan en este organismo que podríamos llamar ‘poco operativo’ para no molestar a nadie. Pero imaginen si PP, Vox y Ciudadanos consiguen sumar una mayoría suficiente para gobernar la próxima legislatura y evidentemente hay que cambiar la cúpula de la Oficina Anticorrupció antes de decidir su disolución. Pongamos como ejemplo que estos tres partidos, los llamados de la foto de Colón, se les ocurre proponer un antiguo director general del gabinete de Matas o de Bauzá, que además hubiese ocupado un cargo en algún gobierno de Rajoy. El ruido sería atronador. La izquierda que ahora gobierna denunciaría falta de imparcialidad, haría rueda de prensa a diario, se ausentaría del pleno donde se eligiese al nuevo director, incluyendo carteles en los escaños denunciando el rodillo, acudiría al Defensor del Pueblo, al Constitucional y a Estrasburgo si hiciese falta. Los partidos de la derecha no reaccionarían, como es habitual, e incluso podrían llegar a plantearse dar marcha atrás al nombramiento por la presión de la oposición.

Esta hipótesis que planteo no es una imaginación porque ha ocurrido en alguna ocasión con candidatos propuestos por la derecha que han sido maltratados durante días incluso sin tener ningún pasado político. Recuerdo a una candidata a la Sindicatura de Comptes propuesta por el PP que acabó renunciando a cualquier cargo cuando pisotearon su nombre en el Parlament durante semanas. Ante todo esto, recomiendo cambiar el nombre de Oficina Anticorrupció por la de Amics d’Anticorrupció, aunque lo mejor sería desmantelar este organismo poco útil tras su pobre balance desde que se constituyó y destinar el dinero a contratar más médicos, profesores o ayudar a Ucrania. Pero me temo que hay muchos trabajadores que enviarlos ahora a casa sería traumático porque lo que es investigar en esta oficina es perder el tiempo. Que le pregunten a Jaume Far.