Una de las cosas que ha de resolver Feijóo es la relación del PP con Vox. El mundo occidental está viviendo un periodo de inestabilidad económica que genera malestar e inclina a la gente a refugiarse en doctrinas que les prometen solucionar sus problemas. Las democracias liberales son contestadas y embestidas por quienes exigen líderes enérgicos, que impongan su autoridad para resolver las demandas ciudadanas. Los populismos de izquierdas y derechas (Podemos y Vox), que surgieron impulsados por el hartazgo y ayudados por el desprestigio que los dos grandes partidos se habían ganado a lomos de la corrupción. El PSOE fue en busca de su par y se convirtió en sanchismo, el ala moderada de la extrema izquierda. El PP, por el contrario, levantó un muro al suyo y se fue a buscar el centro sin lograrlo.
Vox es la tardía versión derechista de un movimiento de fondo que campa a sus anchas y crece en todo occidente. Contrariamente al agotamiento y declive que se aprecia en Podemos, que ha abandonado a las clases medias, Vox no deja de proyectarse al alza en cada cita electoral. Ante este horizonte, la izquierda ha orquestado una campaña para aislar a Vox negándole legitimidad y amenaza con expulsarlo de las instituciones, ilegalizándolo. Ha pretendido crear un ambiente de opinión que impida cualquier acuerdo con Vox, lo que, además de ser antidemocrático, resulta inútil cuando casi alcanza el 20 % de los escaños, convirtiéndolo en un actor político imprescindible.
En una encuesta encargada por Prisa, la respuesta más habitual (42 %) es tratar a Vox como al resto de los partidos y no desplegar cordones sanitarios. Entre los votantes del PP este porcentaje asciende al 71,4 %. Solo el 21 % de los españoles defiende que no hay que permitir su entrada en ningún órgano de poder. Resulta indignante que sea Sánchez el que ponga el grito en el cielo ante posibles acuerdos del PP con Vox, cuando él ha tenido el cuajo de nombrar ministros comunistas en el Gobierno; se ha abrazado a los herederos de ETA, pacta en el gobierno de Navarra, se apoya en ellos para aprobar los Presupuestos y los acepta como socios, sin poner reparos a tener que mancharse la mano de sangre al tendérsela a los dirigentes etarras que hoy pastorean Bildu. Y además ha indultado a los golpistas del ‘procés’, ofendiendo a los españoles y al tribunal que los condenó. Todo, con la única razón de permanecer en el poder. Ese Gobierno es un verdadero peligro para la nación, que la amenaza con la fragmentación de su soberanía, el deterioro de las instituciones, una deuda disparada, y la irrelevancia internacional, entre otros males.
El bloque de derechas tiene una prioridad común: desalojar a Sánchez de La Moncloa. Y para conseguirlo, le va a resultar imprescindible alcanzar acuerdos, aunque no sean fáciles, porque aunque los dos partidos tienen muchas cosas en común, tienen otras que los distancian. Vox defiende la Constitución, aunque tenga objetivos maximalistas de cambios que solo pretende alcanzar por el método que la misma establece. Defiende el estado del bienestar, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la protección de los más necesitados. Tampoco utiliza la violencia, sino que hasta ahora ha sido víctima de la ejercida por quienes lo denostan. Según las declaraciones públicas de Feijóo, parece que primero pretende recuperar a buena parte de los votantes de su partido que optaron por darle su confianza a Abascal presentando una alternativa más trasversal y de amplio espectro. Lo demás está por ver.
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