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La coalición entre PP y Vox en Castilla y León ha provocado una ofensiva por parte de los dirigentes socialistas de Balears. Desde que se conoció el acuerdo basta echar un vistazo a las redes sociales y declaraciones de los últimos días para leer calificativos como «fascistas» o «ultraderecha» ante la amenaza, dicen, de que Vox pueda eliminar derechos de los ciudadanos. Vox nació ante el vacío dejado por el PP entre el electorado más de derechas, de la misma forma que Podemos surgió hace unos años con los recortes de Rajoy y ante la falta de conexión del PSOE con votantes de izquierdas. De Vox es discutible que pida la supresión de las comunidades autónomas y que, en cambio, estén representados en todos los parlamentos regionales. Me chirrían los mensajes de Vox sobre los chiringuitos feministas, su discurso sobre la homosexualidad y la criminalización que hacen sobre la inmigración. Es llamativo que Santiago Abascal hable de chiringuitos cuando precisamente él no ha trabajado ni un solo día de su vida en la empresa privada, y lo mismo ocurre en Balears con Jorge Campos, con un amplio historial en cargos públicos.

Sin embargo, recordemos que Vox, que dicen que pretende eliminar derechos sociales, es el partido que denunció ante el Tribunal Constitucional los dos estados de alarma, que resultaron ser ilegales y que permitieron al Gobierno y las autonomías imponer normas no constitucionales. Pero no se crean que los socialistas de Balears, que están aliados con Més per Mallorca, partido cuyos dirigentes se hacen fotos a diestro y siniestro con los líderes de Bildu, y que además tienen el respaldo de Més per Menorca, formación que quiere prohibir a los extranjeros la compra de viviendas en Balears, les preocupe lo más mínimo el futuro del Gobierno de Castilla y León. Lo que quieren empezar a crear los dirigentes socialistas es un clima social ante un hipotético gobierno de PP y Vox en Balears, una posibilidad real a partir del año que viene.

Una reacción similar de la izquierda se produjo cuando Aznar ganó sus primeras elecciones en los 90. Llegaba el fascismo, los herederos de Franco gobernaban por primera vez, decían, y a la hora de la verdad no ocurrió nada extraordinario en cuanto a derechos sociales comparable a los dos estados de alarma inconstitucionales promovidos por el PSOE. No se crean que a los dirigentes socialistas tan escandalizados ahora mismo por el Gobierno PP-Vox en Castilla y León les preocupe lo más mínimo los derechos de los ciudadanos. Lo que realmente les preocupa es perder sus cargos en un año. Vigilemos a Vox con la entrada en su primer gobierno, por supuesto, pero dudo mucho que sus dirigentes utilicen las amenazas para alcanzar un falso consenso, como hace en Balears de forma recurrente Iago Negueruela, algo que todo el mundo ya sabe. Lo más razonable es acostumbrarse a la presencia de Vox en los gobiernos y no hagamos tanto caso a mensajes tan catastrofistas de los que solo buscan proteger su cargo público.