El hecho insular es uno de los rasgos básicos que definen a las Illes Balears como sociedad, teniendo especial impacto en nuestro desarrollo económico y productivo. Este hecho está especialmente recogido en nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución. En ella, el artículo 138.1 reza lo siguiente: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».

De ahí la inclusión en nuestro Estatut de Autonomía de la implementación de un Régimen Especial de las Illes Balears en el que queda plasmada la necesidad de planificar políticas públicas específicas en materias como la energía, transportes, pesca o infraestructuras; así como dotar de financiación a la Comunidad más allá del propio sistema común. La aprobación a inicios del 2019 del nuevo Régimen Especial supuso un primer paso para este reconocimiento. Especialmente de obligaciones en las áreas de energía y transportes, así como del denominado factor de insularidad que por primera vez ha sido dotado de recursos en los presupuestos generales de este año con 183 millones de euros.

A lo largo de la legislatura hemos conseguido avances para que el Estado tenga en cuenta la insularidad en sus planificaciones, especialmente con la llegada de los fondos europeos. Unos recursos que para Balears deben servir para impulsar la diversificación de nuestro modelo productivo y el avance hacia uno más sostenible y resiliente. Ejemplo de ello es la inclusión de la condición insular en la próxima PAC (Política Agraria Común). Por fin se reconoce que nuestro sector primario tiene unos costes más elevados y por ello se van a incrementar las ayudas a Balears hasta un 50 % más en comparación a la media peninsular.

Respecto a la parte energética del REB hemos logrado grandes avances en los últimos dos años alcanzando un alto grado de cumplimiento. Prueba de ello es la inclusión de un fondo exclusivo para impulsar la transición energética en Balears dotado con 230 millones de euros, a los que sumarán el resto de fondos territorializados que corresponda. Además, Red Eléctrica va a destinar más de 1.100 millones de euros en el próximo quinquenio para avanzar hacia un único sistema eléctrico balear que esté conectado con un nuevo cable a la Península, siendo el territorio en el que más recursos se invertirá.

Sin embargo, aunque caminamos en la buena dirección, quedan aún muchos pasos que dar para que el Estado recoja con especial atención nuestro hecho insular tal como marca la propia Constitución. El desarrollo de la parte fiscal del régimen especial es imprescindible porque la insularidad también debe tenerse en cuenta en la política fiscal. Nuestros sectores productivos, especialmente aquellos que diversifican la economía como la industria, el sector primario, el comercio o la innovación, necesitan este régimen fiscal para poder ser competitivos. Como igual de necesario son los cambios en el reglamento europeo de minimis para que las ayudas de transporte de mercancías hacia las Islas dejen de computarse, poniendo a los sectores de las Islas en una verdadera igualdad de condiciones. Desde el conjunto del Govern, y especialmente como responsable de los sectores productivos, seguiremos trabajando para que el Estado siga reconociendo nuestro hecho diferencial insular y avance hacia un cumplimiento íntegro de nuestra Constitución y Estatut de Autonomía.