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El 15 de mayo de 2015, los líderes de Més per Mallorca –Bel Busquets entre ellos–, se reunían con miembros de la plataforma Illes x un Pacte Educatiu y, a continuación, hacían pública su total adhesión al documento de pacto y a todo lo que significaba como elemento de consenso muy mayoritario del sector educativo. Nos encontrábamos a las puertas de las elecciones que supusieron la defenestración del infausto José Ramón Bauzá y sus necias imposiciones.

Para Més, el Pacte Educatiu era una cosechadora de votos en un sector en el que tradicionalmente contó con un brazo sindical afín a sus ensoñaciones. Tras la victoria electoral y el pacto de la conga, PSIB, Més y el PI continuaron haciendo manifestación pública de alineamiento con el Pacte Educatiu, del que el STEI se había desmarcado pese a que seguía siendo un documento de consenso respaldado por una muy holgada mayoría del sector, incluyendo a sindicatos e innumerables entidades y personalidades del mundo educativo.

La Conselleria escenificó la recepción del documento tras su pase arrollador por el Consell Escolar de les Illes Balears, repitiendo Martí March hasta la saciedad que lo asumía como propio. Luego llegó su patético tránsito por el Parlament, en el que no se alcanzó el más mínimo consenso, tras lo cual March se lanzó a tratar de impulsar una ley educativa autonómica que contase con un gran acuerdo de base, social y político.

■ Uno de los aspectos que más costó a los negociadores del Pacte Educatiu fue, sin duda, ponerse de acuerdo en las líneas básicas de un modelo lingüístico que, asegurando el conocimiento de las dos lenguas oficiales –las dos–, otorgara a los centros la autonomía pedagógica que proclama la ley para adecuarlo al perfil de sus alumnos, sometiendo a permanente evaluación los resultados. Se huía de un modelo de porcentajes, periclitado y anclado en una sociedad de los 80 y 90, tan absolutamente distinta a la actual. Por supuesto, STEI y UOB pedían reeditar el llamado Decret de Mínims de 1997 y sostener todo el entramado que tiene colocados a tantos de los suyos a cuenta de mantener desnormalizada la lengua catalana, algo que les da vidilla.

El anteproyecto de ley elaborado originalmente por la Conselleria conservaba, no obstante, el flexible modelo lingüístico del Pacte Educatiu, pero la posterior negociación con los socios soberanistas de Armengol condujo –desautorizando al sector educativo– a la resurrección del rígido esquema de porcentajes, para asegurar que, como mínimo, el 50 por ciento de las clases se impartan en catalán y que la «lengua y literatura castellana» sea la única asignatura que es forzoso dar en la lengua común del Estado. De autonomía pedagógica, ni hablar, trágala de una exigua minoría, al más puro estilo Bauzá.

Hace solo una semana, Antoni Noguera ponía el grito en el cielo ante la pretensión de March de lograr un consenso con la oposición y que el castellano dejase de ser tratado en la escuela pública como una lengua extranjera. Més se apuntó al carro del Pacte Educatiu mientras le fue útil para cosechar votos entre su parroquia. Ahora, se desmarca desvergonzadamente de él porque su vocación conventual anima a este reducto del Govern a tratar de estar siempre en misa y repicando.