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La polémica montada por la decisión de Pedro Sánchez de indultar a los presos del ‘procés’ es una maniobra política cuyo principal objetivo es desgastar al presidente y, en segundo término, castigar a los presos amparándose en una ley obsoleta que no tiene parangón en toda la Unión Europea.

Conviene echar la vista atrás para entender qué es lo que llevó a esos políticos a sacar las urnas a la calle. No fue Sánchez, sino el PP, quien maniobró en los tribunales para castrar el Estatut que aprobó el pueblo catalán en referéndum. Por declarar, declararon inconstitucionales artículos que tienen hoy, y tenían entonces, vigencia en estatutos de otras comunidades autónomas. El ánimo del PP en aquel entonces, recogiendo firmas en las calles como ahora, no era buscar una solución al endémico ‘problema catalán’, sino desgastar al entonces presidente Zapatero .

La cerrazón política de nuestra derecha, unida al «y esto y aquello…» de Rajoy , encabronó la situación polarizando las posiciones de unos y otros. El independentismo catalán, como consecuencia directa de esta política negacionista, creció exponencialmente y gentes que solo eran nacionalistas llegaron a la conclusión de que con un gobierno central como aquel era imposible no solo avanzar, sino dialogar. La reivindicación del «derecho a decidir» se hizo mayoritaria y lo que hicieron aquellos políticos que hoy llevan tres años y medio presos por ello, fue poner urnas en las calles siendo conscientes de que no tenían competencia para ello. El referéndum del 1 de octubre no tenía validez jurídica, pero era una forma de resistencia pasiva no violenta ante la cerrazón española que, al grito de «A por ellos», en lugar de responder con diálogo lo hizo con mamporros.

Que la justicia en este país no es independiente lo sabe hasta el más iluso. Controlado el CGPJ por el PP, y con él la mayoría de los tribunales superiores, no es de extrañar que las sentencias de nuestros magistrados hayan ido siempre en contra de cuantos jueces europeos han sentenciado sobre el tema catalán. La cabezonería del PP de parapetarse en los férreos límites que impone la Constitución para renovar a los miembros del CGPJ, muchos de los cuales hace más de dos años que deberían haber cesado, radica ahí. Ahí y en defenderse de las innumerables denuncias por corrupción del partido. A lo largo de estos años el PP ha manipulado a su antojo nuestros tribunales demostrando que la mejor defensa no es cambiar de abogado, sino de magistrado. Mal va un país en el que los jueces hacen política y los políticos dictan sentencias.