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Hace unos días se armó un lío político en Londres porque el primer ministro estuvo en contacto vía SMS con un industrial para ayudarlo a que produjera equipos de respiración artificial para hospitales. Se generó un debate mediático y parlamentario porque no habían quedado registros de la comunicación, cosa obligada en todos los encuentros que protagonizan los políticos con cargo público. La política en los países del norte de Europa, en aras de la transparencia, exige que se recoja por escrito todo lo hablado en una conversación, en una reunión. Por este motivo, Tony Blair no tuvo móvil hasta 2007 y todas sus llamadas, a través de su oficina, eran escuchadas y transcritas. Como había sucedido siempre con todos los primeros ministros. El advenimiento de los teléfonos móviles ha generado un problema: se registra lo que se habla en el móvil público pero no en los privados, lo cual es ahora objeto de debate.

Efectivamente, recuerdo algunas reuniones en las que estuve con políticos británicos y siempre aparecía por la sala alguien que tomaba notas de todo (‘minutes’, le llaman). Si usted entra en la página web de cualquier ayuntamiento, incluso el más pequeño del país, ahí están subidas las transcripciones de los debates, palabra por palabra, en los que se aprueba el permiso para que un vecino agrande su ventana, añada una chimenea o se le deniegue una plaza de aparcamiento para minusválido. Todo lo público, dicen, es público, como su nombre indica, por lo que no ha lugar para la confidencialidad. Ninguna. Puro Habermas: la transparencia es la consecuencia lógica de que esos políticos estén allí porque les hemos encargado que gestionen en nuestro nombre. Sólo faltaba que quien ha recibido un encargo nuestro no nos dijera exactamente qué está haciendo. Ser trasparente va con el cargo. O que rechacen la encomienda que le hemos hecho (los ciudadanos).

Esto en España no nos suena para nada. No nos va. Hacemos leyes de trasparencia que son de cartón piedra: pura fachada, con el objetivo de que los demás vean lo que les mostramos, pero nada de lo importante queda registrado. Jamás. Sólo faltaba. Nosotros somos de la escuela de un señor de El Ferrol que nos gobernó muchos años y del que hemos bebido cómo va esto de la política.

Por eso, cuando la oposición de Baleares le pide al Govern las actas de las reuniones en las que se deciden las medidas de contención del virus, la presidenta Armengol les contesta que ni lo sueñen, que «son unos irresponsables». Que están arrojando una sombra de duda. ¿Irresponsable es saber qué argumentos se han aportado para decidir abrir los bares hasta las cinco o hasta las diez?

Lo normal, lo exigible, es que hubiera reuniones de expertos cada pocos días –una semana, digamos– en las que se pusieran en común los datos más actuales, las experiencias de otros lugares, los conocimientos científicos más recientes y, en función de ello, se propusieran medidas. Cada técnico aduce qué hacer, según su punto de vista. Y el político –tanto da si asiste a la misma reunión o si lo hace en otra posterior– también explica las razones de sus posturas: abrimos a esta hora por estos motivos; cerramos por estos otros. ¿Qué puede haber de irresponsable en conocer estos argumentos, por otra parte perfectamente lógicos? Incluso, ¿no habría sido responsable que alguien en nombre de la oposición tomara parte de estas reuniones, para asumir su cuota de responsabilidad en las decisiones y después no anduviera por ahí criticando gratuitamente? Sin embargo, aquí la trasparencia es irresponsabilidad. Sorprendente.

En algo tiene razón Armengol al llamarlos «irresponsables»: ¡cómo piden una información que ellos mismos no habrían dado jamás! Porque las cuarentenas, los confinamientos y los cierres de locales comerciales en España se han hecho siempre a ojo, aproximándonos a la realidad, viendo que convenía según sabe Dios con qué criterio. Y ese es el lenguaje de nuestra política, basada en la intuición, en la simpatía, en el gracejo del que manda.
España es un país en el que gobernar es ejercer la discrecionalidad. Nada horroriza más al político español que verse obligado a tomar una decisión (por imperativos de cualquier tipo, incluso lógicos). Quiere manos libres. Que los técnicos, si existen, digan lo que quieran que ellos harán lo que quieran.

Por eso, efectivamente, es absolutamente irresponsable pedir que la gestión pública en este país sea transparente. Incluso limitándonos a un asunto tan delicado como es la pandemia de COVID.