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El alcalde de Capdepera, Rafael Fernández, ha decidido enfrentarse a una compañera de partido, la también socialista Aina Calvo , para defender a la Policía Local y criticar la actuación de la Guardia Civil en un episodio ocurrido en su municipio. El tono que ha empleado Fernández ha estado muy encima de lo que viene siendo habitual, y especialmente porque forma parte del mismo partido que la delegada del Gobierno, a quien no ha tenido problemas en criticar con bastante dureza. Fernández, con razón o sin ella, ha tenido claro que defiende a los ciudadanos de su municipio y a los agentes de Capdepera. Estoy convencido de que esta defensa tendrá una compensación cuando se celebren las próximas elecciones.

Ante el ejemplo de Fernández tenemos la sumisión del Govern de Armengol con el tema de las vacunas. Cuando hace una semana estuvo en Palma una secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, a la que llevaron a realizar una visita inútil por un hospital que no interesa a nadie, se le tendría que haber contestado inmediatamente cuando dijo que vacunar las zonas turísticas, priorizar las dosis, era cometer un acto de insolidaridad. Vacunar regiones que viven del turismo es lo que han hecho o están haciendo en países como Italia, Grecia, Turquía y hasta Croacia, conscientes de la importancia de llegar al verano con una gran parte de la población inmunizada y conseguir que el COVID no sea, por segundo año consecutivo, un elemento para frenar la llegada de turistas.

No parece tan grave, y mucho menos insolidario, que puedan destinar dos millones de vacunas en las zonas turísticas más estacionales, como es el caso de Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña y poder vacunar así a los trabajadores de hoteles, agencias y aerolíneas. La imagen que se daría ante los destinos emisores sería excelente, pero Armengol no ha reivindicado en ningún momento esta posibilidad. Hubiese tenido la posibilidad de hacerlo en su reciente visita a la Comunidad Valenciana para anunciar un «frente común» y exigir vacunas al Gobierno central para las zonas que viven del turismo ante la amenaza cada vez más real de una temporada turística a medio gas, en el mejor de los casos. Pedir que la UE financie las PCR de los turistas es una gran pérdida de tiempo. Supongo que ningún alto dirigente de la Comisión Europea se habrá acojonado ante tan débil presión de los dos presidentes autonómicos. Más bien se habrán muerto de risa, si es que se han enterado.

La otrora combativa Armengol (recordemos cuando exigía semana tras semana las inversiones estatutarias a Rajoy ) calla ahora ante el reparto de vacunas por parte del Gobierno central. Imagino que si el presidente fuese Rajoy su actitud hubiese sido muy diferente, pero la presidenta balear ha optado por no molestar a Sánchez , supongo que por cuestiones de partido, mientras la economía en las islas agoniza poco a poco, los hoteles siguen cerrados mayoritariamente, y aplicar restricciones es la única receta que tiene el Govern ante esta situación. De los cientos de millones en ayudas a empresas, mejor ni hablamos.

Lamentablemente la sociedad balear está en modo «sálvese quien pueda», las empresas están en la UCI, endeudadas para muchos años, miles de trabajadores en el paro, y el nivel de vacunación es proporcional a la incompetencia de los políticos. Para que se hagan una idea, la provincia de Soria supera con creces a Baleares en población vacunada. Aquí, en cambio, lo único que preocupa son las terrazas y los toques de queda. Y el tiempo se agota.