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Unas 10.000 alegaciones se han presentado contra la anunciada reforma de la ley de Función Pública. La que degrada el catalán de requisito a mérito para acceder a la administración y que revoca varias otras situaciones legales de la lengua histórica isleña en nuestra Comunidad. Son muchas alegaciones. Así que hay que concluir que ha sido un éxito de la Obra Cultural Balear (OCB), la entidad que ha canalizado esta protesta contra el Govern de José Ramón Bauzá. Está claro que la entidad antónima de la OCB, la anticatalanista Círculo Balear, no conseguiría esas 10.000 alegaciones contra cualquier ley catalanista ni siquiera regalando champagne –porque cava, como se sabe, tienen prohibido beber: por catalán-. El éxito catalanista es pues completo. ¿Completo? Quizá no tanto si uno se fija en cuántos votos obtuvo el catalanismo político balear (PSM Mallorca, PSM Menorca, ERC, Convergència, Unió Menorquina y Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa) el pasado 22 de mayo, en las elecciones autonómicas. Casi 59.000. Es decir que más del 83% de los votantes catalanistas no han considerado necesario alegar nada contra lo que, por otro lado, se dice que es el más grave atentado contra el catalán jamás perpetrado en democracia. Vale que una cosa es votar y la otra participar en un acto así, que requiere mucho más esfuerzo que el mero sufragio. Pero aun siendo esto verdad, si el catalanismo realmente considera una cuestión de supervivencia de su razón de ser –el idioma- el oponerse activamente a lo que prepara el PP, ¿no resulta extraño ese enorme desequilibrio entre votantes y alegadores?