El proceso de legalización que ultima el Govern para los propietarios de viviendas ilegales en suelo rústico que quieran acogerse a estos cambios no puede privilegiar a los infractores. Y, en consecuencia, las sanciones que deben pagar tendrían que ser elevadas. De lo contrario, podría malentenderse como una amnistía urbanística, con todo lo que ello conlleva. El ejecutivo todavía no ha fijado las cuantías, pero una multa dura es la única forma de darle legitimidad a este proceso urbanístico. Hay que dejar muy claro que las viviendas ilegales que se pueden acoger a esta legalización son las que ya han prescrito, es decir, que llevan al menos ocho años construidas. La medida no se limita a las casas, también se incluyen porches y piscinas.
El Govern no puede privilegiar a los infractores
Palma19/04/24 0:30
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