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El Govern ha logrado desactivar una importante crisis política entre sus socios –PSIB y Més– a cuenta de las exenciones del catalán en la contratación de los sanitarios, médicos y enfermeras, de la red pública. Al final, sólo una quincena de especialidades del medio centenar que figuran en el plan de estabilización de interinos quedan liberadas de la acreditación del conocimiento de la lengua catalana, para el que se abre un período de dos años. El paso supone un importante avance en garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes, cuestión central de la polémica social y política desatada en las últimas semanas.

Un problema inflamado.

Un repaso al perfil de los aspirantes ha permitido constatar que la mayoría de los sanitarios ya disponía de competencias suficientes sobre los dos idiomas oficiales de la Comunitat, circunstancia que pone de manifiesto la precipitación con la que se quiso justificar la supresión de la exigencia de unos conocimientos mínimos a estos profesionales. Entonces se argumentó la barrera idiomática como el principal inconveniente para poder cubrir las plazas necesaria en la sanidad pública balear, un planteamiento a la vista está que era erróneo y que la realidad se ha encargado de desmentir. Al final se ha logrado imponer la sensatez en un tema de enorme sensibilidad social.

Sin dar un paso atrás.

El aspecto más destacado de todo este episodio es el que hace referencia a la respuesta social inmediata a lo que se entendía como un retroceso en los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas, orillar cualquier exigencia del conocimiento del catalán al personal de la sanidad pública ha generado la activación de todas las alarmas. Y la respuesta ha sido contundente. En el plano político Més ponía en juego su propia esencia ideológica, mientras la Obra Cultural Balear defendía el prestigio social de la institución.