EditorialPalma10/11/21 8:17
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Los dos partidos coaligados en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –más conocida como ‘ley Mordaza’– para introducir importantes modificaciones con respecto al texto vigente, aprobado en julio de 2015 con el Partido Popular en el poder. Está previsto que la tramitación en el Congreso de los Diputados se inicie hoy. Los cambios previstos afectan de un modo directo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado –en especial, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil–, cuyos principales sindicatos no ocultan la incomodidad que les supone la introducción de fórmulas que entienden que menoscaban su autoridad y capacidad de reprimir los incidentes callejeros.

Seis cambios básicos.

Suavizar las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes ilegales en los pasos fronterizos, reducir a dos horas el tiempo máximo de identificación en las comisarías, reducción del importe de las multas, regulación de los cacheos y la supresión de la prohibición de la toma de imágenes de los agentes en manifestaciones han puesto en alerta a los principales sindicatos policiales del país. Entienden que algunas de las modificaciones que se quieren incorporar a la Ley de Seguridad Ciudadana debilitan su labor en la calle y más en unos tiempos en los que la violencia callejera está de cada vez más organizada y dotada de medios sofisticados.

Evitar los abusos.

La Ley de Seguridad Ciudadana es un instrumento esencial para hacer prevalecer el Estado de derecho desde el primer momento, razón de más para extremar las cautelas en cualquier reforma. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que se tiene que poner fin a determinado corporativismo policial para ocultar o justificar cuando se cometen determinados abusos. En sentido contrario, tampoco es de recibo que una ley ampare la indefensión del Estado.