El acuerdo para garantizar la aprobación de los próximos Presupuestos del Estado entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, está centrado en la política de ayudas al alquiler de viviendas. Además, tiene como mascarón de proa las ayudas de 250 euros a los jóvenes; tal y como anunció ayer el presidente Sánchez. Aun así, hay demasiados puntos que están todavía en el aire para poder determinar si, como se pretende, se modificará el actual marco legal que regula el mercado inmobiliario o, por el contrario, estamos ante un nuevo globo sonda de incierto recorrido a la hora de resolver uno de los problemas más urgentes del país.
Rentas subvencionadas.
El gancho de los 250 euros con los que el Gobierno quiere incentivar la emancipación de los jóvenes transmite, en realidad, la incapacidad de controlar unos precios inasumibles para el segmento de la población con la tasa más elevada de desempleo. Además, la ayuda será como máximo durante dos años. En definitiva, PSOE y Unidas Podemos optan por implantar incentivos públicos, mientras que la ampliación del parque de viviendas institucionales se fija como un objetivo a medio o largo plazo. Así se percibe a la vista de las primeras informaciones que han trascendido del acuerdo. Las acciones sobre el IBI –que deberán resolver los ayuntamientos– o los grandes tenedores forman parte del paquete de medidas que están todavía por concretar.
Asumir responsabilidades.
A medida que se conozcan los detalles de los planes gubernamentales, se podrá valorar su impacto en el mercado inmobiliario, aunque parece complejo pretender que, sin una intervención directa –garantizando una oferta amplia de vivienda pública a precios razonables–, los propietarios –grandes o pequeños– se responsabilizarán de dar solución a una cuestión tan grave como es la hiperinflación del mercado del alquiler en España.
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