EditorialPalma11/11/09 0:00
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El desarrollo de los acontecimientos en torno al secuestro de la tripulación del Alakrana refleja el auténtico atolladero jurídico en el que se encuentra el Gobierno, el cual se ve presionado por los familiares de los marineros y la opinión pública para un desenlace rápido de la crisis que con el transcurso de los días está adquiriendo unos tintes dramáticos. A pesar de la experiencia que ya tiene acumulada España en la negociación con los piratas somalíes, en esta ocasión los corsarios da la impresión que están ganando la partida conforme a lo que ya se intuía como un grave error: el traslado a nuestro país de dos de los asaltantes del buque por indicación de la Audiencia Nacional. La intervención judicial es el principal escollo que el Gobierno está obligado a salvar si opta por una solución pacífica para liberar a los tripulantes del atunero.

Los familiares, en un cambio radical de actitud respecto a los días anteriores, han dejado de comentar el resultado de sus encuentros con responsables de la Audiencia Nacional y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Este silencio se interpreta como una exigencia de sus interlocutores para rebajar el actual clima de tensión, un ambiente que da la impresión que está desbordando a los diferentes organismos que intervienen, tanto desde el Gobierno como desde el ámbito judicial. Para hoy se ha anunciado una nota del Consejo del Poder Judicial en apoyo de la judicatura.

La cuestión prioritaria no debe ser otra que liberar a todos los tripulantes del Alakrana sin violentar el ordenamiento jurídico español, una ecuación que algunos expertos aventuran como posible de resolver, aunque no se sabe si se llegará a tiempo.