El inicio del período voluntario para el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Ajuntament de Palma ha supuesto una sorpresa desagradable para una inmensa mayoría de los ciudadanos, los cuales comprueban que en plena crisis económica y con unas tasas de paro devastadoras uno de los principales tributos municipales se presenta al cobro con un incremento medio del 8 por ciento. No resulta temerario vaticinar que la morosidad en la recaudación del IBI de este ejercicio será bastante elevado. Muchas familias no podrán hacer frente al pago de este impuesto.
Los responsables municipales han carecido de la habilidad política para rectificar una decisión tomada el pasado año, ya con una crisis instalada, y suavizar los tipos aplicables al IBI palmesano. Esta falta de sensibilidad resulta todavía más llamativa cuando en el Ajuntament palmesano gobierna una coalición de centro-izquierda con una socialista al frente de la alcaldía, Aina Calvo.
A la vista de los precedentes, el anuncio de moderar el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo 2010 realizado por los actuales gestores de Cort resulta ser un gesto insuficiente, ya que no resuelve el problema acuciante al que se deben enfrentar ya este año miles de palmesanos, que no entienden esta subida tan excesiva.
Cuando la crisis y el paro obliga a los ciudadanos a tenerse que ajustar el cinturón de sus gastos, las instituciones deben saber reaccionar con diligencia a los nuevos escenarios económicos en los que deben moverse sus administrados para sobrevivir a la crisis. Este principio, casi podría decirse que es de perogrullo, da la impresión que ha sido olvidado de manera deliberada desde nuestro Ajuntament de Palma.
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