Quirófanos del hospital Can Misses. | Redacción Ibiza

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La Asociación el Defensor del Paciente propone que se graben las intervenciones quirúrgicas si los pacientes lo solicitan o si por su complejidad previsible se aconseja, ya que «es el soporte técnico más adecuado para recoger la información de lo que ha ocurrido en su cirugía, tanto para fines terapéuticos como jurídicos». Entienden que no se puede establecer por ley la grabación de todas las intervenciones quirúrgicas, «por excesivo e innecesario», pero ve «incomprensible» que en plena era digital no se lleve a cabo un registro audiovisual de la operación, «que serviría para aportar luz en los casos de mala praxis como medio de prueba princeps, tanto para provecho del paciente cuando fuera justa su denuncia, como del cirujano cuando fuera infundada».

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Por lo expuesto, hace una petición formal al Gobierno y a todas las autoridades sanitarias para que lleven a cabo las medidas oportunas para hacer efectivo «ya» el derecho de todos los pacientes a que sea grabada su intervención quirúrgica. Y se ampara en la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 , en el artículo 15 que establecía que «la historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales...».

«Es obvio que, en aplicación de lo anterior, en los tiempos que corren el paciente tiene derecho a que se grabe su intervención, pues éste es el soporte técnico más adecuado para recoger la información de lo que ha ocurrido en su cirugía, tanto para fines terapéuticos como jurídicos. Continuar como hasta ahora sin implementar este medio, cuando menos a petición del paciente como se dice, resulta completamente anacrónico, y equivaldría a que por ejemplo los tribunales de justicia no grabasen los juicios, como ocurría hasta principios de este siglo cuando su contenido se documentaba únicamente en el acta del secretario judicial», concluye.