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Hace apenas dos meses que el comisario jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación Javier Galván fue designado como Interlocutor Nacional Sanitario con la misión de prevenir las agresiones a los profesionales de la salud; ya tiene claro que la solución «no es poner un policía en la puerta de cada centro».

El comisario Galván lidera a 55 interlocutores policiales territoriales (uno por cada una de las 50 provincias y otros cinco por Ceuta, Melilla, Algeciras, Gijón y Vigo), que están ya trabajando.

Esta es una de las medidas incluidas en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad frente a esas agresiones.

«La figura del interlocutor policial viene a dar respuesta a una demanda de seguridad debido al incremento de las agresiones a los profesionales sanitarios», señala Galván en una entrevista con Efe.

¿Era necesario crear esta figura?. «Creo que sí», opina el comisario, quien incide en que existe «un problema importantísimo y qué mejor que contar con la experiencia de la Policía Nacional».

Un cuerpo, recalca, que «siempre ha estado con el sector profesional sanitario, pero desde una postura reactiva: dónde hay un incidente, ya sea en urgencias o en las ambulancias del Samur cuando se necesita reducir a una persona que está alterada, «allí acudimos».

Ahora se trata de «dar un paso más. Queremos prevenir, establecer estrategias y planificar cómo evitar esas agresiones. Y lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos y tomar conciencia del problema», asegura este experto en seguridad.

El primer paso ha sido crear un grupo de trabajo en torno a la figura del interlocutor nacional que dé soporte a la actividad y se han nombrado 55 interlocutores territoriales. «Estamos hablando de casi 60 personas trabajando para esa demanda de seguridad».

Un peldaño más es la elaboración de un catálogo de centros tanto públicos como privados de toda España y la valoración de la situación de cada uno de ellos para confeccionar un mapa de riesgos, que podría estar listo este mismo mes.

Además, se ha actualizado el sistema informático de criminalidad para adecuar al mismo aquellas agresiones o actividades de carácter delictivo que se producen en el ámbito sanitario, «con el objetivo de tener una idea real de lo que sucede».

En este sentido, el comisario precisa que no todas las conductas son delictivas, sino que algunas son «lamentablemente» comportamientos incívicos, e insiste en que «queremos tener una visión real», independientemente de las estadísticas que manejan las organizaciones sanitarias.

Según los últimos datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, éstas aumentaron un 37 % en 2016, hasta situarse en 495.

Por su parte, el último informe del Consejo de General de Enfermería señala que un 33 % de estos profesionales ha sufrido una agresión por parte de un paciente en el último año.

Unas estadísticas que, aunque «seguro que son reales, las queremos confrontar», precisa Galván. «No nos interesa solo saber cuando un profesional es agredido con un cuchillo, porque eso ya lo tenemos, queremos conocer el resto y diferenciar lo que es incívico de lo delictivo y atajar las dos cosas».

Mientras, se han celebrado numerosas reuniones con representantes del Consejo General de Colegios Médicos, del Observatorio de Agresiones de esta organización y con el Observatorio de Seguridad de Centros Hospitalarios, entre otros, y la idea es mantener un encuentro la próxima semana con el Consejo General de Enfermería.

«Aunque estamos en fase de inicio, la actividad es intensa», subraya el comisario Galván.

Y recalca que la Policía Nacional «va a estar al lado de nuestros profesionales sanitarios, vamos a seguir estando detrás cuando son víctimas, pero ahora queremos estar delante. Tenemos una serie de iniciativas que vamos a proponer a la Secretaría de Estado de Seguridad, que esperemos den sus frutos».

De momento, lo que tiene claro es que «la solución no es poner un policía en la puerta de cada centro, va muchísimo más allá y pasa por una planificación, una estrategia y una actuación concertada y consensuada con las autoridades sanitarias competentes. Y a partir de ahí, hablemos de seguridad».

El comisario está ilusionado con este proyecto, que, a su juicio, tiene «gran relevancia social», porque «¿cómo es posible que ataquemos a las personas que nos ayudan a venir a la vida y que nos mantienen en ella?».

E insiste: «La Policía Nacional lo tiene muy claro, va a destinar todos aquellos recursos que considere necesario para erradicar ese tipo de comportamientos».