El Congreso de los Diputados pidió ayer al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren un agravante específico y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.
Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que fue aprobado ayer con el apoyo de PSOE, PP, CiU y BNG, aunque 'populares' y nacionalistas catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular en el que solicitar nuevas medidas que hasta ahora no han sido incluidas.
De este modo, los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes 17 en la Comisión de Igualdad. El documento final, elaborado tras la comparecencia de una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas.
En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.
Un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la «escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la imputabilidad del autor» en estos casos, ya que no se había considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas y sólo en cuatro (0,89%) fue tenido en cuenta como eximente incompleto.
Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya existido violencia de género.
En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia ni de los organismos públicos.
Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre porque «los servicios jurídicos así lo aconsejaban».
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