El Gobierno se plantea retirar todos los símbolos religiosos de la escuela pública

En una entrevista, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señala que la «idea matriz» de este proyecto es que «haya un claro deslinde entre el fenómeno religioso y el espacio público y la laicidad del Estado». «Nuestra idea es que en los colegios públicos no exista ningún símbolo religioso, pero si resulta que hay una imagen que es patrimonio histórico y es un centro público, si tiene valor histórico-artístico, no podrá destruirse», argumenta.

«Un paso adelante»
Caamaño defiende la necesidad de «dar un paso adelante» en esta materia para evitar que exista «confusión entre las funciones públicas estatales y las religiosas», al tiempo que rechaza que el debate se limite a si los crucifijos o los belenes se retiran o no de los centros escolares públicos. «Hay que ir matizando», apunta.

En relación con la escuela concertada, el ministro admite que «el tema no es tan sencillo» y que se legislará en función de «usos y costumbres y pautas de conductas. «Hay cosas que son perfectamente razonables en una sociedad como la española, donde el sentimiento religioso tiene un peso, una dimensión, y donde se viven muchos elementos religiosos, como los belenes», señala.

De igual modo, explica que el objetivo de esta ley no es evitar que «un alumno lleve un pequeño crucifijo», aunque matiza: «Todos sabemos que porque uno tenga una conciencia muy moderna y muy libre, eso no va a permitir a un niño, probablemente, ir desnudo al colegio y que diga que lo hace por su libertad de conciencia». Con respecto a los comedores escolares, el Gobierno pretende regular que los niños de religión musulmana o judía puedan «comer de manera distinta» si así lo desean. «Yo no les puedo dar de comer distinto que a los demás porque éste es un servicio público para todos, pero al menos les puedo permitir bajo la responsabilidad de los padres que traigan su propia comida y se sienten en el comedor escolar», dice Caamaño.

El proyecto de ley, que el Ejecutivo confía en remitir a las Cortes «al inicio quizá del próximo periodo de sesiones», tendrá como objetivos, en palabras del ministro, «la igualdad, el reconocimiento de la libertad religiosa, la laicidad del Estado y la separación de funciones» de la Iglesia y el Estado.

Tras apuntar que la sociedad española «ha evolucionado muchísimo» en materia de «sensibilidad religiosa» en los últimos años, el ministro de Justicia destaca la necesidad de establecer «con prudencia y sensatez» un sistema que «reconozca esta pluralidad y trate a todas las religiones en un plano de igualdad».