Agencias22/03/09 0:00
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AGENCIAS La organización Movimiento contra la Intolerancia pidió al Gobierno, con motivo del Día Internacional contra la Discriminación Racial que se celebró ayer, el cierre de 150 sitios Web xenófobos y reclamó la creación de una Fiscalía contra el racismo, la xenofobia y los crímenes de odio racial para acabar «con la impunidad» de estos delitos.

En este sentido, el colectivo señaló que han detectado 150 sitios Web que «alientan» la xenofobia y «dañan» la convivencia y que tienen constancia de 22 «conciertos racistas sumergidos» durante el pasado año, según el comunicado de la organización recogido por Europa Press.

Asimismo, la ONG destacó que los actos racistas se han extendido a todas las regiones españolas mientras que resaltó el aumento de los grupos xenófobos y neonazis y de la agitación contra la inmigración por grupos políticos extremistas y la persistencia de numerosos incidentes y agresiones, motivados por el odio racial e ideológico, contra inmigrantes. 'Ultras' de la intolerancia
En concreto, Movimiento contra la Intolerancia criticó que Internet recibe numerosas páginas Web, blogs y foros, originados en España, que promueven el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el neofascismo y la homofobia. Además, destacó que los fondos 'ultras' de los campos de fútbol, pese a una ley que lo prohíbe, «siguen siendo el vivero de la intolerancia».

Asimismo, SOS Racismo ha denunciado el «incremento del racismo social» y de la «impunidad que rodea las actitudes racista y xenófobas».
Bajo el lema «No seas indiferente, rompe el silencio ante el racismo», la citada ONG pretende luchar contra el racismo que, en su opinión, «se está extendiendo». SOS Racismo cree que «los discursos políticos que culpan a la inmigración de la crisis» se han multiplicado en los últimos meses y están fomentando el racismo.

La Sección Española de Amnistía Internacional (AI) pidió ayer al Gobierno que prohíba el uso de «criterios raciales» para la realización de controles de identidad por los agentes de seguridad ya que, a su juicio, contribuyen a «criminalizar a los inmigrantes por el hecho de serlo». La organizaciónreclama la eliminación de «cualquier orden» encaminada a detener a inmigrantes irregulares como denunciaron algunos sindicatos de policía el pasado mes de febrero.