El Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, a cuya puesta en marcha se comprometió el Gobierno a raíz del caso de la niña Mari Luz Cortés, cuyo presunto asesino estaba en libertad pese a tener una condena por abusos a su hija, entra hoy en funcionamiento.
El nuevo registro, cuya puesta en marcha aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 6, será presentado por el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en Sevilla, la ciudad en la que ejerce el juez Rafael Tirado, a quien el Consejo General del Poder Judicial multó con 1.500 euros por no ejecutar esa sentencia condenatoria.
La base de datos que ahora entra en funcionamiento, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición judicial y sobre la peligrosidad del imputado.
Su puesta en marcha contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, especialmente las cometidas sobre menores, ya que una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.
Este registro se integra en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia junto a las bases de datos de los registros de Penados, Víctimas de la Violencia Doméstica, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
Al de medidas cautelares tendrán acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que dispondrán de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal.
Asimismo, el PNV ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita el endurecimiento de las penas para los pederastas y propone, entre otras medidas, la elevación de la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas, fijada ahora en los 13 años de edad en el Código Penal.
La iniciativa del PNV, que será debatida mañana por el pleno de la Cámara Baja, reclama además un incremento sustancial de las penas para los delitos sexuales cometidos con menores de edad, así como de las penas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o cargo público.
El grupo nacionalista propone también la modificación del artículo 187 del actual Código Penal para que también se castigue al cliente de la prostitución infantil, y no sólo al proxeneta.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.