El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que regulará una ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo, pese a las críticas casi unánimes de los grupos por considerar que es una maniobra electoral, aparca una política global de apoyo a la familia y no adelanta su aplicación a 1 enero en vez de julio.
Durante la defensa de la iniciativa en el hemiciclo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha subrayado que es la primera prestación universal dirigida a las familias sin ningún tipo de condicionamiento (fiscal, contributivo...), y ha expresado su convicción de que el nuevo derecho aumentará la tasa de natalidad en el España.
En su intervención, seguida por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros miembros del Gabinete, Caldera ha argumentado que aparte de la prestación de 2.500 euros, el proyecto abre el camino para la universalización de las escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años.
La iniciativa se ha tramitado por vía de urgencia y por lectura única en la Cámara Baja -un procedimiento objeto de crítica por la mayoría de los portavoces parlamentarios- y, en consecuencia, no se debatirá en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, sino que pasa directamente al Senado.
Está previsto que el cobro de esta prestación se produzca antes de final de año y los beneficiarios serán aquellos padres que hayan adoptado o tenido su hijo desde el 1 de julio pasado. Previamente a la votación de las enmiendas parciales a la iniciativa legislativa, el PP presentó un texto alternativo que fue rechazado por 178 votos en contra y 111 en favor. Sólo CiU y el PP se han abstenido en la votación de conjunto del proyecto, mientras el resto de grupos lo han respaldado pero criticando tanto la forma de tramitarlo y anunciarlo como el contenido del mismo, a su juicio muy insuficiente, a excepción del grupo socialista.
También ha habido acusaciones reiteradas al Gobierno de hacer electoralismo con esta medida en el «último suspiro» de la legislatura, y posturas contrarias como las de BNG, PNV e IU-ICV a que las ayudas sean universales sin tener en cuenta la renta de los núcleos familiares.
La diputada de IU-ICV, Carmen García Suárez, mostró su «decepción» por el texto, ya que anunciar «cheques nunca ha sido una política de izquierdas»; «¿a qué creen que dedicarán los nietos de Emilio Botín los 2.500 euros?», se ha preguntado irónica.
Tras recordar el «demoledor» dictamen del CES sobre el proyecto, en el que se calificada la medida de «aislada» y cuestionaba su eficacia, García Suárez ha destacado que las políticas europeas se orientan hoy a fortalecer las redes sociales y educativas y a la implantación de medidas de conciliación laboral.
El portavoz de CiU Carles Campuzano, dijo que «responde más a una república bananera».
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