En torno al cinco por ciento de los trabajadores españoles, de un total que se aproxima a los diecisiete millones de asalariados, sufre acoso laboral, conocido popularmente por mobbing, un problema emergente que alcanza niveles de epidemia y que tiene importantes consecuencias de salud y económicas.
Ese cinco por ciento es ya «una barbaridad» para María Jacob, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO., para quien emobbing es, ante todo, un riesgo laboral, «y como tal hay que hacerle frente». «Vivimos -dice- una nueva avalancha de casos, como hace cuatro o cinco años, que nos pilló desprevenidos».
Ese porcentaje, avalado por sindicatos y empresarios, por la Unión Europea y por la propia Administración, alcanza el quince por ciento -más de dos millones y medio de trabajadores- en el Observatorio Cisneros, primera herramienta a medida utilizada en España para evaluar la incidencia del acoso psicológico en los centros de trabajo.
Según datos de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA) citados por UGT, el porcentaje se situaría en torno al 10%.
«Hay más casos de los que la gente cree pero menos de los que algunos querrían», dijo a EFE Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo en Jaén y director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales del sindicato UGT.
Para Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá y promotor del Barómetro Cisneros, hemos pasado «de la clandestinidad a una avalancha» de denuncias, de ahí que su pronóstico para el futuro sea pesimista. «Iremos a peor», asegura.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó en 2006 un total de 2.703 actuaciones relativas a la protección de la intimidad y dignidad de los trabajadores, en las que están incluidas las relacionadas con emobbing, de las que se derivaron 120 infracciones y unas sanciones que sumaron cerca de 900.000 euros.
La Dirección General de la Inspección de Trabajo considera las conductas de acoso psicológico como infracción de carácter laboral, al estimarlas como actos contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ante el incremento de quejas recibidas en el Defensor del Pueblo por parte de trabajadores de las administraciones públicas, uno de los sectores con mayor porcentaje de casos -el 22,60% según el VI Observatorio Cisneros, desarrollado en 2005 y publicado en 2006-, la institución ha decidido realizar una investigación e instar al Ministerio de Administraciones Públicas a elaborar un protocolo de actuación.
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