El presidente del Govern, Jaume Matas, defendió ayer en el
Parlament la ejecución de los proyectos de carreteras en Eivissa
porque responden a las demandas de la ciudadanía, suponen el
cumplimiento del programa electoral de una Administración «que no
miente» y, además, subsanan el «déficit histórico» en inversión
viaria con la isla Pitiusa, que se vio «muy agravado» durante la
legislatura del Pacte.
Matas insistió ayer en que los proyectos de carreteras de
Eivissa-Sant Antoni y nuevo acceso al aeropuerto han pasado las
fases reglamentarias de exposición pública, alegaciones y de
adaptación a los informes de impacto ambiental, por lo que «ahora
es momento de cumplir con la demanda popular y las necesidades en
materia de infraestructuras». «Debemos solucionar los graves
problemas de comunicaciones y de siniestralidad que se registran en
las carreteras de Eivissa», señaló a la portavoz socialista,
Francina Armengol, quien a su vez remarcó que la «situación de
excepción y de crispación social y política» que se está viviendo
en Eivissa debería hacer pensar al Govern en la necesidad de buscar
una alternativa al proyecto de carreteras actual. «Escuche a la
ciudadanía, porque hay otras formas de mejorar las infraestructuras
sin destrozar el territorio», le aconsejó Armengol, recordándole
que si el Govern fue capaz de rectificar y desestimar el proyecto
de la carretera Inca-Manacor en Mallorca, «¿por qué no hace lo
mismo en Eivissa». Matas eludió responder y reiteró que «sería
inaceptable» dejar a los ciudadanos de Ibiza fuera de los proyectos
viarios que impulsa el Govern.
La postura de Matas contó con el respaldo de la consellera de
Obres Publiques, Mabel Cabrer, quien también consideró que el
Govern cuenta con el apoyo social necesario para llevar a cabo
estos proyectos y acusó al PSOE de ser el partido «del no»,
mientras que el PP es el partido «del sí». Cabrer dijo que no puede
comprarse el proyecto Inca-Manacor con el de Eivissa porque las
Pitiüses lideran la mayor tasa de siniestralidad en carreteras de
toda España, «situación que debe corregirse de inmediato». Por su
parte, la diputada socialista Pilar Costa acusó a Cabrer de haber
aprobado el proyecto de carreteras para satisfacer «intereses
particulares y partidistas» y vaticinó que «a alguien le saldrá muy
rentable económicamente esta legislatura», aludiendo a las empresas
privadas involucradas en los proyectos viarios. El diputado
socialista Joan Boned acusó a la consellera de no disponer de
«argumentos sólidos» para defender la construcción de las
carreteras y le pidió que «deje de manipular a la ciudadanía».
Por su parte, el conseller de Economia, Lluis Ramis de Ayreflor,
defendió la inversión destinada a los proyectos y reiteró que el
sistema de pago de peaje a la sombra (a plazos) es «el más
económico y conveniente hoy en día». La diputada del PSM, Maria
Antònia Vadell, señaló a Ayreflor si consideraba económico el
sobrecoste de 294 millones que le supondrán a la ciudadanía hacer
frente al pago de «solamente 22 kilómetros de carreteras».
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