Parece que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero
está decidido a que el contenido del artículo 14 de nuestra
Constitución -que consagra la igualdad de todos los ciudadanos al
margen de sus circunstancias sociales o personales- sea una
realidad, y, además de la ya anunciada Ley de Dependencia, ayer
aprobó la remisión a las Cortes Generales de dos proyectos de ley
con los que se pretende garantizar la igualdad de oportunidades y
la no discriminación de las personas que sufren algún tipo de
discapacidad.
El primero de estos textos es la Ley con un régimen de sanciones
que contempla multas de hasta un millón de euros para los casos de
discriminación y vulneración de la igualdad de oportunidades a los
discapacitados.
El segundo es Proyecto de Ley de la Lengua de Signos y de Medios
de apoyo a la comunicación que, como medidas más destacadas,
incorpora la lengua de signos como asignatura optativa y la
promoción de intérpretes para sordos en la administración.
En su comparecencia ante los medios tras la reunión del
Ejecutivo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, señaló que el objetivo de estas leyes es
«ponérselo fácil a las personas con discapacidad y más difícil a
quienes actúan contra sus derechos», en referencia al
endurecimiento de las sanciones contra las conductas que vulneren
la Ley de Igualdad de Oportunidades.
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