El príncipe participó ayer en Singapur en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2012.

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FRANCE PRESS-MÓNACO
Alberto II de Mónaco admitió públicamente ayer que tiene un hijo de 22 meses, fruto de su relación con una francesa de origen togolés, que no estará incluido en la línea de sucesión al trono, informó su abogado, Thierry Lacoste. Alberto ha «reconocido a este niño y expresado su anhelo de que pueda vivir su infancia y su adolescencia en un entorno reservado, mantenido estrictamente fuera del alcance de los medios», según el comunicado difundido en nombre del príncipe.

«Este asunto compete únicamente a la esfera reservada de la intimidad de la vida privada y seguirá siendo de estricto dominio personal del soberano, sin incidencia alguna sobre el porvenir de la dinastía, en aplicación de los principios constitucionales que rigen la transmisión de la corona», agrega el texto.

La noticia fue revelada en vísperas del fin del período de duelo oficial de tres meses observado por la familia Grimaldi desde la muerte de Rainiero. El nuevo soberano monegasco, un soltero de 47 años, asume así la paternidad de Alexandre, el hijo mestizo que tuvo con Nicole Coste, una ex azafata de 33 años, que dice haber mantenido una relación de cinco años con Alberto.

Este «hijo natural, no legítimo, no entra en la sucesión oficial al trono, y no llevará el nombre de Grimaldi», precisó Lacoste. Sin embargo, «tendrá derecho a la herencia, al mismo título que los otros hijos del príncipe cuando los tenga», agregó.

Según el diario francés Le Parisien, en caso de que muriera Alberto II, de 47 años, el pequeño Alexandre sería uno de los herederos de una fortuna estimada en 2.000 millones de euros. Alberto II «para quien el respeto a la persona humana está en el centro de sus convicciones éticas, hace frente a sus responsabilidades con el espíritu de apertura que lo caracteriza», asegura el comunicado.

El niño, nacido el 24 de agosto de 2003 en París, no puede ser aspirante al trono de los Grimaldi debido a las disposiciones constitucionales que prevén que la sucesión de un soberano sólo puede ser asegurada por su hijo legítimo, nacido de un matrimonio civil y religioso.