07/07/04 0:00
GINEBRA. EFE.
Entes reguladores de telecomunicaciones de sesenta países, expertos
y representantes de la industria celebran a partir hoy en Ginebra
una reunión de tres días para estudiar la mejor manera de luchar
globalmente contra el correo electrónico no solicitado, que alcanza
proporciones de epidemia. Esos mensajes, que llegan inesperadamente
a las pantallas de ordenadores y teléfonos móviles y van desde la
simple publicidad hasta la pornografía o los intentos de estafa, no
conocen fronteras y, sin ningún tipo de control, alcanzarían el 85
por ciento del tráfico por internet, señaló Robert Horton, de la
Australian Communication Commission, que presidirá la reunión.
Individuos sin escrúpulos y mafias recurren cada vez más
frecuentemente a este tipo de mensajes para estafar a usuarios poco
precavidos, a los que tratan de engañar comunicándoles, por
ejemplo, que han ganado la lotería y que necesitan sus datos
bancarios para ingresar el dinero del premio. Según Horton, el
costo que genera toda esa basura electrónica a individuos y
empresas se calcula en unos 10.000 millones de dólares anuales sólo
en Europa y podría alcanzar en todo el mundo alrededor de los
25.000 millones de dólares. Los diez principales países productores
de esos mensajes conocidos también por el nombre inglés de 'spam'
son, según la organización Spamhaus, y por este orden: Estados
Unidos, China, Corea del Sur, Taiwán, Brasil, Canadá, Argentina,
Rusia, Italia y Hong Kong. De acuerdo con esa misma organización,
entre los más importantes proveedores de servicios que transportan
mensajes no deseados figuran compañías tan conocidas como las
estadounidenses MCI, Comcast o Verizon, además de otras menos
conocidas de China y Corea del Sur. Según Horton, el objetivo de la
reunión ginebrina, en la que participan también representantes de
agencias de protección de datos y organizaciones de consumidores,
es fomentar la cooperación internacional para estudiar en
colaboración con las compañías del sector posibles respuestas a ese
fenómeno. Las medidas pueden ser legislativas, técnicas o de
educación de los consumidores, precisaron los organizadores, según
los cuales es fundamental que la industria asuma su parte de
responsabilidad y que los países estén también dispuestos a
cooperar entre ellos. Las legislaciones pueden variar de un país a
otro: así, puede establecerse, como ocurre, por ejemplo, en
Australia, que una compañía o un particular que quiera enviar
mensajes no solicitados por internet tenga que pedir previamente
permiso al usuario. Otra posibilidad, más onerosa, es que sea el
propio usuario quien tenga que comunicarle de modo expreso al
remitente que no desea seguir recibiendo esos mensajes. Esta última
variante entraña no sólo mayores molestias y costos para el
consumidor sino el riesgo adicional de que el emisor del mensaje
decida vender los datos del usuario a terceros, contribuyendo de
ese modo a fomentar los abusos.
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