La policía desalojó y detuvo a primera hora de ayer a los 270
inmigrantes que mantenían el encierro en la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, iniciado el pasado 10 de junio en demanda de su
regularización y en el que llegaron a participar algo más de 400.
El desalojo se produjo sin que se registrasen incidentes y tras la
petición realizada al Gobierno por el rector en funciones, Juan
Jiménez, quien denunció los «graves altercados» de orden público
producidos dentro del recinto y solicitó el desalojo inmediato
«mediante la entrada e intervención policial necesaria».
Los inmigrantes, en su mayoría argelinos, fueron conducidos a
unas insta laciones policiales de Sevilla, donde fueron
identificados durante la tarde. A su vez, ocho de los inmigrantes
fueron trasladados a diversos centros sanitarios por desnutrición,
desde donde posteriormente se les desplazó hasta las dependencias
policiales centrales de Sevilla, en Blas Infante.
Tras la intervención, la Policía procedió a analizar la
situación documental y las actuaciones de los inmigrantes
encerrados, mientras que el Ministerio del Interior señaló que
aplicará «escrupulosamente» las medidas legales que sean
procedentes en cada caso.
Las autoridades de la Universida Pablo de Olavide justificaron
su petición de la actuación policial en que un «pequeño grupo» de
inmigrantes amenazaba al resto, impedía que los enfermos pudieran
abandonar el recinto y ponía en peligro la seguridad interna por
sus constantes entradas y salidas. Al respecto, el vicepresidente
primero del gobierno, Mariano Rajoy, recordó que cuando él era
ministro del Interior decidió que «en cuanto alguien le solicitara
intervenir, porque habían sido invadidas las dependencias de las
que era titular o sobre las que tenía responsabilidad, nosotros lo
haríamos».
Tras el desalojo, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo,
pidió a las autoridades que sean «generosas» con los inmigrantes
porque «vinieron manipulados y han soportado dos meses de
encierro», y solicitó que no se tramiten órdenes de expulsión para
aquellos que tienen posibilidades de regularización. Por su parte,
la denominada «red de apoyo a los encerrados», en la que están
representadas ONGs, mostró su temor de que no se cumplan los
derechos legales de los inmigrantes, como la asistencia por parte
de un abogado y un intérprete, por su «carácter masivo», y denunció
que «como en el franquismo, se han usado métodos represivos contra
personas que mantenían una protesta pacífica».
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