Del Castillo compareció en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado para exponer, a petición del PSOE, el
anteproyecto de la ley de calidad y explicar cómo afecta éste a las
competencias de las Comunidades. La ministra reclamó más rigor y
evitar la demagogia a quienes critican el anteproyecto de Ley de
Calidad de la Enseñanza. Mientras, las comunidades socialistas
criticaron la falta de diálogo del Gobierno en la elaboración del
texto. Defendió el respeto «escrupuloso» del texto a esas
competencias, echó en falta entre quienes se oponen al proyecto
argumentos que se ciñan al contenido del texto, y acusó a la
oposición de utilizar la demagogia y de intentar «confundir» a la
sociedad.
La posición común de las seis comunidades socialistas
(Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Castilla-La Mancha y
Extremadura) fue expresada, en declaraciones a los medios, por la
consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez, quien denunció
la «profunda indignación y malestar» por el «comportamiento y el
método» utilizado en el proceso de elaboración del anteproyecto.
Los consejeros socialistas criticaron además que en la última
Conferencia Sectorial del pasado 7 de mayo la ministra no
presentase a las CC AA el anteproyecto y lo conociesen dos días más
tarde a través de la página web de un medio de comunicación, y
pidieron una nueva convocatoria de la Conferencia Sectorial.
En el mismo sentido se pronunció el portavoz socialista de
Educación en la Cámara Alta, Manuel Fernández Zanca, quien
reconoció que la Educación necesita cambios, «pero no expulsar
alumnos del sistema ni arrinconarlos en guetos», y acusó al
Gobierno de pretender limitar el periodo de aprendizaje
obligatorio, diferenciar los conocimientos según las habilidades de
cada alumno, limitar el acceso al Bachillerato y a la Universidad,
y de potenciar las diferencias entre los centros públicos y los
concertados.
El portavoz de Educación de CiU en el Senado, Josep Varela,
criticó la «invasión» de competencias autonómicas del texto, que
calificó de «ridículo» en algunos artículos. Jokin Bildarratz (PNV)
coincidió con la ministra en que la Educación requiere un debate
«sereno y reflexivo» y no estar sometida a «convulsiones
políticas», y lamentó que no se haya hecho un diagnóstico previo
para determinar los problemas. Manuel Cámara (IU) acusó al Gobierno
de «apropiarse de verdades absolutas» y de mantener una actitud
«totalizante».
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