Miles de personas presencian las ejecuciones públicas en China.

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AGENCIAS-LONDRES Un informe de la organziación de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), sostiene que China ha ejecutado a más presos en los últimos tres meses que el resto del mundo en tres años, precisando que desde el lanzamiento de la campaña «Golpear Fuerte» han sido condenadas a la pena capital casi 3.000 personas y 1.800 han sido ejecutadas. Según Amnistía Internacional, en los últimos tres meses el número de condenados a muerte se eleva a 2.960 y el de ejecutados a 1.781. «Hace años que las detenciones masivas y las condenas no alcanzaban este nivel», añade la organización, precisando que la pena capital castiga delitos como la corrupción, el robo, el desvío de fondos, el fraude fiscal, el narcotráfico, el robo de petróleo e incluso la venta de alimentos en mal estado.

«Se ha convertido en un frenesí de ejecuciones», que en su mayor parte de producen tras juicios conjuntos celebrados ante miles de espectadores en estadios y plazas públicas. Los presos después son «paseados» por las calles en su camino al paredón en el que van a ser fusilados. En la provincia de Yunnan (suroeste), uno de estos eventos fue trasmitido en directo por televisión y se cree que en Shaanxi (centro) casi dos millones de personas acudieron a los juicios y ejecuciones entre abril y mayo.

«Golpear fuerte» fue lanzada el pasado marzo para frenar los crecientes índices de delincuencia organizada en el país, aunque poco a poco, como había ocurrido otros años, se ha extendido a otros «objetivos»: el separatismo uigur en Xinjiang (oeste), las organizaciones que ayudan a los tibetanos a partir al exilio, o los crímenes de tipo económico en la pujante Guangdong (junto a Hong Kong, en el sur). Además, la Policía y los fiscales han recibido instrucciones de acelerar los trámites y no detenerse «en los detalles»: la máxima de trabajo se ha convertido en «arrestos rápidos, juicios rápidos y resultados rápidos».

De esta forma, sólo en la provincia de Henan (este) se «resolvieron» 3.000 casos entre el 23 y el 25 de abril, y en Sichuan (suroeste) la Policía detuvo a 19.446 personas entre el 19 y el 24 de ese mismo mes. Precisamente el jueves el semanario oficial «Liaowang» reconocía que el recurso a la tortura y a las confesiones forzadas contra sospechosos de toda clase de delitos es una práctica corriente en el país y que, según un informe encargado por el Parlamento chino, entre 1997 y 1999 se produjeron 221 casos de confesiones forzadas y torturas, que se tradujeron en la muerte de 21 sospechosos bajo custodia.