Dos de los empresarios implicados en la importación ilegal prestaron ayer declaración.

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El Comité decidió ratificar la prohibición de comercialización del ganado porcino de las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona y lleida, así como de Castellón en la Comunidad Valenciana, hasta su próxima reunión del 10 de julio en la que decidirá las nuevas medidas. En la reunión, los representantes de España votaron en contra de las restricciones, mientras que Francia se abstuvo. La Comisión Europea adoptará en los próximos días las medidas que ha dictaminado el Comité, y que se aplicarán hasta el 15 de julio. No obstante, los expertos veterinarios de la UE revisarán el día 10 de julio la evolución de la peste, pero el Comité Veterinario Permanente podría celebrar una reunión especial antes de esa fecha, «si la situación de la enfermedad lo hace necesario», añadió la Comisión.

El Ministerio de Agricultura mostró su su satisfacción por la decisión del Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea (UE) de no ampliar a toda España el embargo y de levantar la prohibición del movimiento de porcino a las provincias de Girona y Huesca, excepto a tres comarcas limítrofes. En España se han detectado siete focos de peste porcina; seis en Lérida, concretamente en Penelles, Mollerusa, Soses, Vilanova de l'Aguda y dos en Golmés, además del caso de Vinaroz en la provincia valenciana de Castellón. Las autoridades españolas, de acuerdo con la normativa comunitaria, han establecido zonas de protección en un radio de 3 kilómetros de distancia en torno a las granjas infectadas y, además, zonas de vigilancia a 10 kilómetros de estas explotaciones, explicó el comunicado.

La Fiscalía de Lleida ha nombrado a Eduardo Piedrabuena, experto en delitos contra la salud pública, para que se encargue de la investigación de la presunta importación ilegal de cerdos de los Países del Este de Europa infectados con la peste porcina. La fiscalía «de momento» no ha presentado acusaciones contra los empresarios investigados, que están acusados por la policía autonómica y por el departamento de Agricultura de Catalunya de delitos de contrabando y falsedad documental. El consejero de Agricultura de Catalunya, Josep Grau, acusó al sector porcino de encubrir al «pirata» que ha propagado la peste porcina y aseguró que si se conociera cuántos cerdos infectados se han introducido en España se podría cerrar rápidamente el círculo de la enfermedad, a la vez que advirtió de una posible fase de reproducción de esta enfermedad a partir del 30 de junio.