El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela,
aseguró ayer que la utilización de piensos animales para la
alimentación de bovinos en España ha sido «mínimo, puntual y no
debe crear alarma», aunque las organizaciones agrarias pidieron
responsabilidades políticas por la falta de control. Lamela, en
referencia al informe sobre la situación real del mal de las «vacas
locas» en el que se asegura que los ganaderos han utilizado harinas
animales pese a la prohibición, recoge «situaciones puntuales y
concretas que no deben crear alarma».
Reconoció que hay que observar «el escenario que se plantea a
partir del próximo semestre», ya que hasta ahora son «porcentajes
muy pequeños» los que han motivado la presentación de expedientes
sancionadores por parte de las diferentes administraciones
regionales. El informe pone de manifiesto que los ganaderos
españoles siguieron utilizando piensos de origen cárnico más allá
de la prohibición, incluso en algunos casos hasta diciembre de
2000, y advierte de que los grupos de mayor riesgo de padecer la
enfermedad son la vacas lecheras, los terneros en edad de destete y
los toros de lidia.
Indica también que, según los casos aparecidos en España (29 en
el momento del informe aunque en la actualidad hay 33), la raza
frisona es la que tiene una mayor incidencia, seguida de los
cruces, y que existen 20 casos en animales de 4 a 6 años, seis en
animales de 7 años, uno en otro de 13 años y uno de 3 años.
El PSOE pidió la comparecencia «urgente» del ministro Miguel
Arias Cañete para explicar por qué el Gobierno «ocultó» esta
información. El director general de CCAE, Eduardo Baamonde, dudó de
la «rigurosidad» de este informe, pero aclaró que si las
Administraciones detectaron en su día fraude en el uso de harinas
cárnicas, exige que «sobre los infractores recaiga todo el peso de
la ley». ASAJA pidió que se sancione con todo su rigor a aquellos
que han adulterado harinas cárnicas. COAG exigió la dimisión
inmediata del ministro de Agricultura por «no denunciar ni atajar»
actividades fraudulentas. A su vez, UPA presentará una querella
criminal contra Agricultura por «causar un daño objetivo a los
ganaderos, por conocer la existencia de un fraude en el uso de
harinas de carne y no tomar medidas».
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