Responsables de la Asociación Nacional de Productores de Vacuno, de
la Asociación Española de Criadores de Vacuno de Carne y la
Agrupación Aragonesa de Ganaderos de Bovino de Carne han
consensuado un documento de peticiones.
El texto, que será remitido a Aznar, solicita una compensación
económica al margen de la establecida en la intervención pública de
carne y que el coste de la recogida y posterior tratamiento de los
materiales específicos de riesgo (MER) corran a cargo de la
administración. Exige que el Estado cubra los gastos de la campaña
de información y promoción para la recuperación del consumo y «la
urgente unificación y máxima coordinación para evitar
contradicciones entre las normas europeas y nacionales».
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) también iniciará un calendario de movilizaciones esta semana
ante lo que consideran falta de respuestas de la Administración a
la crisis «sin precedentes» surgida por la aparición en España de
cinco casos de «vacas locas».
El responsable de ganadería de la COAG, Andoni García, aunque no
precisó el calendario de actuación, explicó que el sector ganadero
ya ha perdido 15.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar
los costes derivados de la retirada de animales muertos en las
granjas, que están valorados en unos 8.500 millones de pesetas
anuales. En su opinión, la actual crisis de las vacas locas se ha
producido por una irresponsabilidad política de la UE ya que desde
que aparecieron los primeros casos en el Reino Unido no se
adoptaron mecanismos de prevención.
La ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, recomendó
ayer a las amas de casa sustituir los huesos de vaca por los de
cerdo para hacer caldo, como método para prevenir la Encefalopatía
Espongiforme Bovina, en una nueva demostración de la
descoordinación que existe entre su discurso y el del Ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete. Está previsto que hoy se reúnan
Villalobos, Arias Cañete y los consejeros autonómicos para tratar
el problema de las vacas locas, y evaluar el desarrollo del plan de
coordinación entre las regiones.
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