Los asuntos relacionadas con la cooficialidad lingüística han sido
una de las cuestiones que más denuncias motivaron, por parte de los
ciudadanos, al Defensor del Pueblo, durante 1998, concrétamente la
Ley de Política Lingüística de Catalunya, según informó ayer el
responsable de esta institución, Fernando Àlvarez de Miranda, que
presentó al presidente del Congreso de los Diputados, Federico
Trillo, el informe correspondiente a 1998.
Durante el pasado año el Defensor del Pueblo recibió casi 25.000
denuncias, de las cuales fueron tramitadas 23.964. Tal y como
indicó, éstas se referían fundamentalmente, «al deficiente
funcionamiento» de determinados servicios u organismos públicos y
denuncias sobre presuntas vulneraciones de los derechos
fundamentales garantizadas en la Constitución, además de la citada
política lingüística, que motivó un total de 3.000 denuncias.
Àlvarez de Miranda señala que el sentido de los escritos
recibidos revela «una polarización de las posiciones» sobre el
alcance y contenido de la cooficialidad lingüística, «que parece
evidenciar un cierto desencuentro político y ciudadano, merecedor
de una sosegada reflexión». Así, explica que la misma regulación es
considerada por algunos como inconstitucional, mientras para otros,
«es un remedio mínimo para paliar la situación de opresión
lingüística que a su juicio padecen y que les impide vivir y
desenvolverse en la lengua de su elección.
El Defensor del Pueblo recuerda que «elegir una u otra lengua es
un derecho y no un deber que fuerce el uso obligado de una u
otra».
Fernando Àlvarez de Miranda detalló en lo que se refiere a la
política lingüística, que la mayoría de las quejas han provenido de
Catalunya, y que de las 3.000 que les han llegado, 1.500 eran de
ciudadanos que pretendían la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra la ley de cooficialidad, que el
Defensor no consideró.
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