Hace unas semanas surgió una plataforma digital 'Salvem sa Pedruscada' para alertar del "impacto ambiental" de un complejo residencial de 60 viviendas. | R.P.F.

TW
8

El PSOE, partido en la oposición, ha cargado contra el equipo de gobierno (PP-Més) por la aprobación, en el último pleno ordinario, de la suspensión durante un año de licencias urbanísticas en la zona de Sa Pedruscada para frenar un complejo residencial de 60 viviendas. Los socialistas han acusado a la alcaldesa del PP, Mireia Ferrer y al regidor de Urbanisme, Paulí Faba de «desviación de poder» en este caso. Los socialistas votaron en contra de esta propuesta y ya advirtieron, en el pleno del pasado lunes, de las probables indemnizaciones que tendrá que afrontar el Consistorio.

Las normas subsidiarias de Capdepera datan de 1986 y, en base a las mismas, la zona en cuestión se considera suelo urbano consolidado con derecho a construir. El PSOE defiende que «el hecho de aprobar una suspensión de licencias implica una merma total de ese derecho y una indemnización en relación a la capacidad y densidad urbanística de la zona grafiada como suelo urbano», además de aventurar que serán «indemnizaciones millonarias» las que tendrá que pagar el Ajuntament.

Los socialistas hablan, en este caso, de «desviación de poder», y así lo explican. «Durante la etapa de esta legislatura gobernada en minoría por el PP la alcaldesa notificó al propietario del solar de una serie de deficiencias administrativas que se tenían que subsanar. A la vez se notificó la cédula urbanística donde se especifican los índices de intensidad urbanística y el proyecto presentado en mayo de 2023 está avalado por esta cédula emitida por el propio ayuntamiento». Así consideran que ello «es una indefensión jurídica para cualquier ciudadano propietario de un solar urbano».

El PSOE informa que «en este caso de los solares de Sa Pedruscada el gobierno del PP cambió su decisión y optó por la suspensión después de haber pactado con los tránsfugas de Més. Es una decisión política que no está avalada por un informe técnico de urbanismo sino que está sustentada solo con un informe jurídico tendencioso. Los ciudadanos que tienen un suelo urbano están al vaivén del equipo de gobierno del PP y comparsa: hoy si puedes construir pero mañana...Dios dirá».

Los socialistas concluyen diciendo que todo ello acabará con indemnizaciones. «Por esta razón votamos en contra porque la suspensión no está sujeta a ningún informe técnico que avale esta decisión política de la alcaldesa del PP, obligada por el pacto firmado con los tránsfugas de Més y que deberá defenderla ante los juzgados. El ciudadano de a pie tendrá que pagar los platos rotos de esta decisión».

El equipo de gobierno justificó esta suspensión por «la necesidad de mejorar las estrategias de planificación urbana. Durante la suspensión se llevará a cabo un análisis exhaustivo del planeamiento aplicable a la parcela».