Imagen actual de la vía de Manacor.

TW
5

La rotonda provisional que el Ajuntament de Manacor ha instalado en Vía Majórica no tiene la autorización del Consell de Mallorca. Un documento imprescindible al tratarse de una calle en dominio público por lo que las competencias recaen en la institución insular.

Así lo confirmó el director general de carreteras, Rafel Gelabert, quien informó que «a día de hoy el Ajuntament de Manacor no ha presentado ninguna petición formal sobre esta actuación al Consell» y recordó que «es obligatorio acreditar cualquier cambio circulatorio que afecte a una vía de dominio público». Asimismo, Gelabert confirmó que «de no presentar los informes técnicos que avalen esta reestructuración, el Consell se verá en la obligación de hacer un requerimiento formal al consistorio de Manacor».

Desde el Consell señalan que los estudios técnicos que se piden para dar la autorización a una reforma circulatoria son «imprescindibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos» y por eso instan al Ajuntament a presentarlos en la mayor brevedad posible. «Confiamos en que la actuación se ha hecho para mejorar, sin embargo, debemos valorarlo detenidamente para asegurar que se cumplen todos los requisitos de seguridad. Para ello es importante que se haga una petición formal con informes que nuestros técnicos valoren», concluyó Gelabert.

Por su parte, el Ajuntament justifica su decisión en «la seguridad» de peatones y vehículos. Además, el regidor de Movilidad, Mateu Marcè, añadió que «técnicos municipales se han puesto en contacto verbalmente con sus homónimos del Consell para explicar la actuación que se iba a realizar» y matizó que «es una decisión totalmente técnica y no política».

Debate

La colocación de esta rotonda fue uno de los temas que más debate levantó en el último pleno municipal entre equipo de gobierno y oposición. Desde el Partido Popular de Manacor ya insinuaron la posibilidad de que esta reforma se hubiera hecho sin la autorización necesaria mientras que el Partido Socialista calificó la política de movilidad del gobierno de «improvisación» y acusó a los regidores de tomar las decisiones «por el método de prueba y error». El alcalde, Miquel Oliver, defendió que «no se trata de improvisación, sino de adaptación».