Imagen de archivo de la zona afectada.

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El Ajuntament de Llucmajor reinicia la tramitación de dos expedientes sancionadores por valor de 600.000 euros al promotor y vecino de un chalet en Son Verí condenado en 2017 por talar 22 pinos y podar el ramaje de otros 29 en una zona de dominio público. Esta decisión viene motivada después de que el juzgado número 4 de lo penal de Palma emitiera la semana pasada la sentencia condenatoria al promotor expedientado, hecho que desbloquea ahora el proceso administrativo iniciado por el Ajuntament y que tuvo que suspenderse tras pasar el caso a manos de la Fiscalía, tal como exige la ley.

De esta manera, el Consistorio llucmajorer continuará con los expedientes iniciados en 2017 y que proponen dos multas que juntas ascienden a 600.000 euros. Una primera sanción, valorada en 100.000 euros, se impone por un infracción urbanística muy grave. Mientras que la segunda sería, según los servicios técnicos municipales, por daños en bienes de dominio público y alcanza los 500.000 euros.

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Además de estas multas, el condenado ya pagó cerca de 60.000 euros para la recuperación de la zona y tendrá que pagar también 900 euros más que le ha interpuesto el juez. En la misma sentencia también se le condenó a una pena de cárcel de tres meses y un día que finalmente quedó suspendida por un período de dos años.

El proceso administrativo se inició durante la legislatura 2015-2019 cuando el entonces edil de Més, Jaume Tomàs, ocupaba la cartera de Medi Ambient i Urbanisme. El partido ecosoberanista, después de conocerse la sentencia esta semana confirmó con los técnicos de la administración local la «continuación de la tramitación de ambos expedientes». La tala y poda de los pinos en la zona costera fue un caso muy sonado en el municipio y tuvo mucha repercusión puesto que supuso un gran impacto ambiental.

Acontecimiento

El suceso se produjo junto al Paseo Alfonso XIII de la Urbanización de Son Verí Nou cuando el promotor de un chalet que se estaba construyendo taló 22 pinos y podó el ramaje de otros 29 en un tramo de pinar de dominio público porque «le tapaban las vistas a la costa desde su casa».
Seis años después de que el caso se diera a conocer, ahora continúa su tramitación administrativa tras el desbloqueo de la situación con la sentencia judicial.