Fachada del Ajuntament de Calvià.

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El pleno del Ajuntament de Calvià ha aprobado inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio con los votos en contra del PP y Vox. En un comunicado, el Consistorio ha explicado que ahora se publicará en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y estará 60 días hábiles en exposición pública. Una vez resueltas las alegaciones y recibidos los informes sectoriales preceptivos --como el del Consell de Mallorca y de la Comisión Balear de Medio Ambiente--, se llevará nuevamente a pleno municipal para su aprobación provisional y, posteriormente, se remitirá al Consell para su aprobación definitiva. Entre los aspectos que plantea el PGOU de Calvià, se encuentra la expropiación del Fortí de Illetes, una cuestión que Podemos ha celebrado, porque «devuelve a las familias la dignidad que se les había robado».

«Esta expropiación es una reivindicación del programa electoral de Podemos que cumplimos, para transformarlo en un parque público y para que la zona que está actualmente edificada se rehabilite y se ponga un centro de Memoria Democrática», ha dicho la portavoz de Podemos Calvià, Marga Plomer. Asimismo, en cuanto la desclasificación de 1.200.000 metros cuadrados de suelo urbanizable para que pase a ser suelo rústico protegido, la formación ha descrito este punto como «imprescindible para la sostenibilidad del municipio».

El PP de Calvià ha votado en contra de la aprobación inicial del nuevo Plan porque, según ha indicado, «incrementará aún más el precio de la vivienda en el municipio», ya que contempla la desclasificación de 86 hectáreas de suelo urbano y urbanizable, «y esto imposibilitará el acceso a una vivienda y disparará su precio». En este sentido, la portavoz del PP municipal, Luisa Jiménez, ha manifestado en el pleno que, «si ahora hay un grave problema de acceso a la vivienda, con la desclasificación a suelo rústico protegido el alcalde agravará el problema». De esta manera, ha reiterado que «en Calvià acceder a una vivienda se convertirá en un lujo al que sólo podrán acceder personas con un nivel adquisitivo elevado». Por otro lado, Jiménez ha lamentado «la falta de consenso y participación con la sociedad civil y los partidos de oposición» para elaborar el PGOU. «Lo aprueban por imposición, no por consenso», ha sentenciado.