Imagen del hotel con su aspecto original antes de iniciarse las obras de demolición.

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La abogada Antonia Gomila, que consiguió que el Supremo anulara en 2015 la licencia de Villa Cortina por su impacto visual, denuncia ahora el «trato diferenciado» que el Ajuntament de Pollença otorga a la propiedad del hotel frente al resto de propietarios de la urbanización. Tal y como avanzó Ultima Hora, ha recurrido la licencia de reforma integral del Formentor. Con el planeamiento urbanístico suspendido en Formentor desde el año 2015 (a consecuencia precisamente del litigio de Villa Cortina) el Ajuntament no puede conceder licencias de nueva construcción o ampliación sin que previamente se haya completado la dotación de servicios de la zona. No obstante, sí son autorizables las licencias de reforma.

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El alcalde Tomeu Cifre firmó en junio, con todos los informes técnicos a favor, la licencia de reforma del hotel y tramita una segunda licencia de ampliación al amparo de la ‘ley COVID’ que permite autorizar crecimientos hoteleros siempre que no impliquen un aumento de plazas. Está a la espera de nuevos informes de la Conselleria de Turisme y de la Comissió Balear de Medi Ambient. En el caso del hotel, la propiedad prevé reducir el número de plazas e incorporar un spa soterrado para reabrir las instalaciones como un Four Seasons. Defiende la legalidad de las obras ejecutadas al amparo de la licencia concedida y justifica la demolición prácticamente integral (salvo de las fachadas) en los problemas de aluminosis.

La abogada Antonia Gomila discrepa de las interpretaciones de los técnicos municipales y de la propiedad. Si en 2015 luchó contra el impacto visual de Villa Cortina, ahora representa en cambio al propietario de un solar de uso comercial que intenta sin éxito conseguir licencia de obra. Según el alcalde «dar la licencia del hotel no bloqueará el resto de la urbanización porque el hotel está obligado a participar de la junta de compensación».