Marina la semana pasada en el local de Badia Gran. | Joan Socies

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La semana pasada Marina Díez, que regentaba el bar del local de la tercera edad de Badia Gran (Llucmajor), se vio forzada a abandonar el establecimiento después que el Consistorio llucmajorer liderado por Éric Jareño (PP) aprobara en pleno el desahucio del local. Marina Díez, conocida por ser una de las primeras concursantes de Gran Hermano 1, decidió abandonar las instalaciones pese a recibir el apoyo de un grupo de ciudadanos en una pequeña concentración a las puertas del local. Díez, que ha puesto el desahucio en manos de abogados, asegura que su convenio con los responsables de la tercera edad finalizaba el próximo mes de febrero.

Según señala Díez «detrás de este desahucio hay una serie de desavenencias con algunos integrantes de la directiva». Asegura que «para sacarme del local optaron por romper el convenio que tenían con el Ajuntament argumentando que debido a la COVID-19 se necesitaba el espacio para usos educativos». Esto fue en septiembre de 2020.

Díez también dice que la ruptura del convenio entre la junta directiva de la tercera edad de Badia y el Ajuntament no se le comunicó hasta semanas más tarde de su firma. Un punto que presentó como alegaciones al expediente de desahucio del Consistorio. En el momento de tratar el «desahucio para la recuperación del local de dominio público», en el pleno, algunos partidos de la oposición ya advirtieron al equipo de gobierno que no figuraban las alegaciones presentadas por Díez en el expediente. A todo ello también hay que añadir, según explica Díez, «que durante todo este período han recibido constantes visitas de agentes de la Policía Local de Llucmajor alegando distintos motivos».

La decisión aprobada por pleno fijaba el 18 de noviembre a las 12 de la noche como fecha límite para abandonar el local. Aún así, Díez trabajó hasta la tarde del pasado domingo para sacar todo lo que le pertenecía y, finalmente, entregó las llaves. A todo ello la exconcursante de GH-1 señala que seguirá su lucha para demostrar que tanto desde la directiva de personas mayores de Badia Gran como desde el Ajuntament de Llucmajor no se ha actuado de manera correcta.