La entidad ecologista ha alertado en un comunicado de que la bahía de Sóller, en una superficie relativamente reducida, supone un ejemplo de los impactos más relevantes que sufre la posidonia en Baleares: la destrucción de la pradera debido al fondeo, la contaminación y la degradación por vertidos de aguas residuales.
Dos equipos de buceadores han documentado para el GOB estos impactos en imágenes grabadas el 20 de agosto.
Ante lo detectado, el GOB reclama «un incremento sustancial» del esfuerzo para garantizar el cumplimiento del decreto de conservación de la posidonia oceanica en Baleares. Alaban el trabajo realizado en los tres años transcurridos desde su aprobación, sobre todo en concienciación, pero lo consideran insuficiente.
En cuanto la vigilancia e información sobre el fondeo, recuerdan que el año pasado se detectaron cerca de 5.700 casos en que el ancla o la cadena estaba afectando a praderas de posidonia. Aunque en los últimos años el porcentaje de embarcaciones fondeadas sobre posidonia está disminuyendo en relación al total, «a pesar de ello el número de casos sigue siendo altísimo». «Y el número real estará bastante por encima de las cifras oficiales, claro, ya que el servicio de vigilancia no da a basto», alertan.
Las actas de infracción iniciadas por los Agentes de Medio Ambiente (AMA) fue de 71, con una denuncia por cada 81 casos (un 1,24 %) detectados por el servicio de vigilancia.
El GOB llama la atención sobre el hecho de que aunque los AMA solo pudieron hacer 99 salidas con las barcas de vigilancia, por limitación de personal, «el ratio es de menos de una denuncia por jornada de trabajo de los AMA».
El año pasado los barcos de más de 15 metros de eslora supusieron aproximadamente un tercio de los asistidos por el servicio de vigilancia, por lo que «incluso si se pretende actuar prioritariamente sobre los grandes yates y veleros, el número del actas de infracción levantadas está muy por debajo de lo deseable», dice el GOB.
Los ecologistas insisten en que la normativa ambiental «está para darle cumplimiento» y no permitir la impunidad.
En cuanto a los vertidos, en Baleares hay 143 depuradoras de aguas residuales, de las que 33 vierten al mar por emisarios las aguas tratadas. Se calcula que el volumen de agua vertida es de 69 millones de metros cúbicos, de los que un tercio (unos 22 millones) provienen de estaciones que sólo cuentan con tratamiento secundario.
Aunque la estación depuradora de Sóller dispone, según ABAQUA, de tratamientos adicionales al secundario, el GOB recuerda las quejas de los agricultores sobre la calidad del agua que reciben y las analíticas realizadas en agosto, que evidencian el déficit en la calidad del tratamiento, probablemente a causa de haberse sobrepasado la capacidad de la estación durante las semanas de máxima presión humana por el turismo.
Se añaden los episodios puntuales de desbordamiento de la capacidad y vertido de agua mal depurada al mar, a causa de las lluvias en núcleos urbanos donde no están completamente separadas las redes de aguas pluviales y fecales, con Palma como ejemplo paradigmático.
El GOB recuerda que, según el decreto de posidonia, los titulares de autorizaciones de vertido al mar por conducción o emisario submarino remitirán anualmente a la Dirección General de Ordenación del Territorio los resultados de los controles de seguimiento, y también al Comité Posidonia.
Establece también que si a la vista de los resultados se puede inferir una afección en la pradera de posidonia proveniente de un vertido, la Dirección General de Ordenación del Territorio requerirá al titular del vertido que efectúe las mejoras necesarias en el tratamiento del efluente para minimizar su impacto.
Desde la aprobación del decreto se han celebrado dos reuniones del Comité Posidonia, y en ninguna se han presentado los resultados del seguimiento. El GOB los ha solicitado formalmente y no ha recibido respuesta.
Los ecologistas advierten de que «aunque es un impacto poco visible para el ciudadano, eso no puede justificar la insuficiente atención y actuación administrativa». «Ya sabemos que las mejoras de las infraestructuras son costosas, pero no podemos seguir ensuciando el mar con las aguas residuales», subraya el grupo ecologista.
El GOB reclama al Govern una hoja de ruta que contemple la disposición del tratamiento adecuado (terciario) y la reutilización agraria de las aguas depuradas, para dejar verter agua al mar.
En la bahía de Sóller, reclaman al Govern un mayor control sobre el fondeo ilegal que está degradando la pradera de posidonia, y posibles medidas alternativas como boyas de bajo impacto ecológico.
En cuanto al vertido de aguas sucias, reclaman las obras necesarias para reutilizar en el ámbito agrario toda el agua tratada, clausurar el emisario y dejar de verter al mar.
Insisten en pedir al Govern «que impulse con más fuerza lo que dispone el decreto de protección de posidonia, que es mucho y de mucho calado porque hay mucho trabajo hecho, pero muchísimo más por hacer».
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