Según Cerdó, la celebración de macrofiestas que se organizan como si de un gran evento se tratara, con cobro de entradas incluido, perjudica seriamente a un colectivo muy importante en el nuevo escenario dentro de la COVID-19. «Hay propietarios sin licencia que alquilan sus casas para fiestas y suponen una competencia desleal para la restauración» afirma. Pero respecto a las viviendas con licencia de alquiler vacacional (ETV), se dan dos situaciones. Por un lado están aquellos propietarios que alquilan una de estas casas para encontrarse después con que los arrendadores las usan para organizar fiestas «que se prolongan durante días y en las que no se guarda ningún tipo de medida sanitaria contra la pandemia», asegura Cerdó.
Estos propietarios se ven en situaciones indeseadas y acuden a las fuerzas de seguridad, sin que estas puedan, en la mayoría de los casos, hacer nada al respecto. Por otro lado están los poseedores de licencia que organizan directamente las fiestas ilegales. Contra ellos se muestra especialmente crítico el colectivo, tanto por la realización de una actividad ilegal como por el perjuicio hacia la imagen de este tipo de alojamientos. «Abriremos expedientes contra ellos e instaremos a las autoridades a retirar las licencias».
Rechazo
En cualquiera de los dos casos, «las fiestas incontroladas, con la participación incluso de cientos de personas, son una acción que, como cualquier otra ilegalidad, repudiamos y condenamos desde nuestro colectivo» asegura el presidente de la entidad que recoge a los propietarios de estas viviendas. «Es un deterioro para la imagen de turismo de calidad, responsable y seguro que queremos transmitir».
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Y las fiestas que se organizan cuando se alojan un grupo de 6,8,10 personas en una casa vacacional cada día durante toda la estancia y a la semana siguiente otros y así toda la temporada ¿quien controla esto?