El Consell indemnizó con 17 millones de euros por el rescate, cuando la empresa reclamaba una cantidad de cerca de treinta millones. | Lluc Garcia

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Límite 30 de junio de 2022. Esa es la fecha en la que expiraba la concesión del túnel de Sóller. Si el Consell recurre ante el Supremo la sentencia del TSJB que anula el rescate de la concesión, la decisión final se irá ya más allá de ese escenario por lo que el peaje no volverá. Una casación en Contencioso ante el Supremo supone un trámite que se demora por encima de los dos años, cuando ya habría expirado la prórroga de la concesión que se adoptó en 2016.

La disputa judicial se centra en otra cuestión: la indemnización que recibirá la empresa. Globalvía, la empresa concesionaria, reaccionó este viernes a la sentencia en un comunicado en el que ya avanzaba que: «Será en la ejecución de sentencia, cuando devenga firme, donde se cuantifique el importe de indemnización a que tiene derecho la concesionaria a consecuencia de este nulo rescate».

La empresa ya pidió en el juzgado de lo Contencioso que se reconociera su derecho a la explotación hasta el 22 y el abono de una indemnización «por daños y perjuicios correspondiente al periodo en que no se haya podido explotar la concesión». El juzgado derivó esa cuestión a la ejecución de la sentencia, un proceso que durará, de nuevo, varios años más.

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El Consell indemnizó con 17 millones de euros por el rescate, cuando la empresa reclamaba una cantidad de cerca de treinta millones. Se basó en el cálculo de sus técnicos para este abono. La sentencia del TSJB anula el rescate pero no entra a valorar los posibles perjuicios ni los cuantifica.

Cladera

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, indicó ayer que la institución «estudiará la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación en el Supremo. Tenemos un mes de plazo antes de que la sentencia del TSJB sea firme». Cladera se refirió al rescate que el Consell abonó a Globalvía y señaló: «Entendemos que la anulación del rescate también supone que la concesionaria tendrá que devolver lo que ya pagamos y, una vez resuelva el Supremo, negociar unas nuevas condiciones económicas si esa es la vía para solucionarlo». La alternativa a una negociación es un nuevo proceso judicial también largo.

Desde el Consell «tenemos muy claro que el peaje no volverá a funcionar, a pesar de la decisión del tribunal. Si la vía del Supremo no prospera buscaremos otras alternativas para evitar que los ciudadanos tengan que pagar por usar el túnel. La sentencia del TSJB no elimina la voluntad política del Consell de suprimir el peaje de Sóller, por lo que respetemos la sentencia pero no compartimos su posicionamiento», concluyó Cladera.