La planta cerrada ocupa una nave municipal en la que se quiere instalar una nueva potabilizadora. | Lola Olmo

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El Govern balear se hará cargo de la potabilizadora de agua que, en 2008, adquirió al Ajuntament de Muro por 325.000 euros pero que jamás fue a retirar ni ha reclamado. La Agència Balear de l’Aigua y la Qualitat Ambiental (Abaqua), entidad dependiente de la Conselleria de Medi Ambient y que firmó esta operación hace más de una década, asumirá los costes de su desmantelamiento, una vez que tenga una comunicación formal por parte del Ajuntament de Muro.

El director general de Abaqua, Guillem Rosselló (Més), reconoce su sorpresa ante el conocimiento de esta planta abandonada, tal y como publicó Ultima Hora. «Efectivamente, hemos comprobado que los anteriores gestores de Abaqua compraron esta planta de osmosis inversa a Muro para cederla a Es Castell; por lo que hemos podido averiguar, después desistieron porque el coste de trasladarla a Menorca era muy elevado».

Ahora, Abaqua deberá asumir el coste de desmantelar esta maquinaria, que no se podrá utilizar para eliminar nitratos, para lo que fue diseñada, y su destino será tratada como residuos. «Nuestros técnicos tienen que verla y hacer una valoración del coste y tiempo que supondrá desmontarla. Está obsoleta, lleva muchos años sin estar en funcionamiento y ya no sirve. Se tendrá que tratar como residuo», señala Rosselló, quien prevé que el coste será muy alto.

La planta abandonada fue construida a principios de los años 2000 por la empresa que gestionaba el suministro de agua en Muro, con el objetivo de eliminar el exceso de nitratos y que fuera apta para el consumo. Esto no se logró debido a su incompatibilidad con una red de tuberías antiguas y fugas del 47 %, y en poco tiempo se dejó de usar, por lo que lleva casi dos décadas sin estar en funcionamiento.

En 2008, Abaqua pagó por ella 325.000 euros al Ajuntament de Muro y en 2009, siendo conseller de Medi Ambient Miquel Àngel Grimalt (UM) y alcalde de Es Castell, Joan Cabrera (PP), firmaron un convenio para la cesión de la planta al municipio menorquín, pero jamás se realizó. Aquel convenio calculaba que el desmonte, traslado y nueva instalación de la planta tendría un coste de otros 855.000 euros.