Parte de los afectados, esta mañana en Inca. | Antoni Pol

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Dos familias que desde hace tres años residen en una vivienda situada en la calle de sa Calobra de Inca se han librado este martes de ser desahuciadas por una incorrección en la misma orden judicial de desahucio.

Según ha explicado su abogado, la orden de desahucio demandaba únicamente a dos de los inquilinos que residen en la vivienda cuando está habitada por diez personas (cinco adultos y cinco menores). Este «defecto de forma» en la demanda ha hecho que la comitiva judicial aplazara el desahucio diez días hábiles, período durante el cual los afectados podrán presentar alegaciones.

Representantes de las plataformas Stop Desnonaments Mallorca y Ciutat per a qui l'habita han acudido a la vivienda, situada en el barrio de so na Monda, para denunciar y evitar el desahucio. Joan Segura, miembro de Stop Desnonaments, ha explicado que las dos familias formalizaron el alquiler del inmueble con un contrato, hace tres años, después de abonar un depósito de 1.200 euros y por un importe de 250 euros al mes. No obstante, aquel arrendatario no era el propietario del inmueble sino «un estafador» que después «desapareció». El verdadero propietario del adosado era la entidad bancaria BMN, hoy fusionada en Bankia. Sin embargo, los inquilinos decidieron quedarse en la casa y posteriormente Bankia les demandó.

«Exigimos a Bankia que negocie un alquiler social para las dos familias. De no hacerlo, acudiremos ante la ONU para que analice lo ocurrido, y recordamos que desde instancias internacionales ya se ha sentenciado que los desahucios forzosos de este tipo practicados en el Estado español vulneran los derechos fundamentales de las personas», señaló Joan Segura.

Manel Domènech, de Ciutat per a qui l'habita, indicó que si el desahucio no se hubiese aplazado diez personas «estarían ahora en la calle, sin vivienda y sin alternativa».