La Felib se reunirá con diputados y senadores para reclamar que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit

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Neus Serra, secretaria general de la FELIB, junto al presidente Joan Carles Verd.

Neus Serra, secretaria general de la FELIB, junto al presidente Joan Carles Verd.

Antoni Martín

La Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) se reunirá con diputados y senadores de las Islas para reclamar una reforma de la 'Ley Montoro' para que los Ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit para invertir en políticas municipales.

Se trata de una de las acciones que ha decidido impulsar una comisión interna de la Felib con el objetivo de flexibilizar la Ley de Gasto, según ha informado la Federación en una nota de prensa.

En esta comisión hay representación de Inca, Calvià, Artà, Alcúdia, Llucmajor, Ciutadella, Es Migjorn Gran, Muro, Pollença, Sant Josep, Selva, Manacor y Capdepera.

En su primer encuentro, la comisión ha acordado también proponer a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una reunión con todos los alcaldes del Estado para presionar al Ministerio de Hacienda.

El objetivo de la Felib es «conseguir que se relaje la Ley Montoro que tiene intervenidos los ayuntamientos». «No podemos invertir en políticas de empleo, educación o políticas sociales aun teniendo el dinero», ha censurado el vicepresidente de la Felib, Alfonso Rodríguez.

«Los municipios que tenemos un remanente de dinero tenemos que hacer inversiones y no podemos. Esto es difícil de entender para los ciudadanos», ha protestado el alcalde de Alcúdia, Antoni Mir, uno de los impulsores de la comisión.

Mir ha reconocido que la regla de gasto tuvo «sentido» en otro momento «porque había ayuntamientos que habían hecho más gasto del que podían», pero cree que «a día de hoy, superada la crisis, ya no tiene sentido que el ciudadano tenga carencias cuando hay dinero en el banco».

La Felib ha recordado que Alcúdia es precisamente el municipio con más superávit de Baleares, con más de 50 millones de euros «inmovilizados». El conjunto de los ayuntamientos cerró 2016 con 460 millones de euros «bloqueados por la Ley Montoro».

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